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Sin modificar un punto, anoche el plenario de la Cámara de Diputados dio ‘luz verde’ al proyecto de ley de saneamiento legal de vehículos indocumentados y ahora solo resta su promulgación por parte del presidente Evo Morales. La medida aumenta la tensión en el país, pues los transportistas y choferes anuncian movilizaciones a partir de la próxima semana.
La normativa fue aprobada, a las 23:15, en grande y en detalle, y hoy será remitida al Ejecutivo para que el primer mandatario la promulgue o la rechace, informó el proyectista de la ley, Ever Lucas Moya.
A su vez, el jefe de bancada del MAS, Edwin Tupa, indicó que una vez pasados los tres meses del tiempo establecido para nacionalizar todos los vehículos (menos los robados), ni un solo motorizado puede circular sin su respectivo documento.
Agregó que esta norma depende del primer mandatario y aclaró que si la promulga, a partir de ese momento no podrá ingresar ni un solo motorizado al país.
Por su lado, el jefe de bancada de Convergencia Nacional en Diputados, Mauricio Muñoz, hizo observaciones de fondo, entre ellas que la norma viola los derechos de la Madre Tierra, pues con el ingreso de más de 100.000 vehículos usados de otros países se atenta al medioambiente.
También citó el incremento en la subvención de carburantes, pues se elevará de $us 600 millones a $us 1.000 millones. “Le pido al Presidente que no se enoje con la Pachamama y que vete esta ley. Si la promulga, significa que están preparando otro ‘gasolinazo’”, alertó Muñoz.
La normativa enoja a los transportistas y a los choferes, que ratificaron su rechazo a la nacionalización de vehículos ‘chutos’ y convocaron el próximo lunes una marcha de protesta en la localidad de Suticollo, en Cochabamba. El sector no descarta bloquear las carreteras, además de un paro nacional.
La Cámara de Transporte Pesado Nacional e Internacional llamó a sus bases para participar de una ruidosa movilización el lunes en la localidad de Suticollo, a partir de las 7:00.
“El costo de la nacionalización de los remolques puede estar por los 1.500 dólares. Nosotros hablamos con la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, para que se haga una norma específica para nosotros y ahora nos han metido con esta ley de los ‘chutos’ y no estamos de acuerdo”, dijo el dirigente de La Paz, Daniel Zegada.
A su vez, el titular de la Cámara de Transporte Pesado de La Paz, Álvaro Ayllón, indicó que la marcha será pacífica.
“La mayoría de las chatas son nacionales y las que son importadas datan de los años 1995 y 2000. El proyecto pretende ‘nacionalizar’ todos los semirremolques (más de 17.000), y eso no lo vamos a aceptar”, aseveró.
Por su lado, el vicepresidente del sector, Erlan Melgar, manifestó que sus semirremolques no son instrumentos de lujo, ni son vehículos motorizados, no tienen caja, transmisión, corona, etc, por lo tanto, no pueden estar incorporados en esta norma.
Al respecto, el secretario general del Sindicato de Micros de Santa Cruz, Mario Guerrero, advirtió que el sector está listo para ir a un paro o efectuar bloqueos de vías a partir de la próxima semana.
En medio de esta situación, el Concejo Municipal de Santa Cruz alista la aprobación de una ordenanza municipal para incrementar impuestos a los vehículos que sean beneficiados con la nueva normativa, según el concejal Manuel Saavedra.
Sobre el particular, en la Alcaldía de Puerto Suárez se informó de que existen alrededor de 2.000 motorizados, de los cuales 1.200 pagan tributos y el saldo es ilegal. El burgomaestre Roberto Vaca exteriorizó su preocupación por la cifra y teme que con la nueva norma se incrementen los motorizados usados.
Mientras, en el municipio de Puerto Quijarro se estima que circulan más de 1.500 vehículos, de los cuales unos 1.200 son ilegales.
En criterio del analista Julio Alvarado, el déficit por la importación de hidrocarburos alcanzará los $us 1.200 millones con la nacionalización de los vehículos usados.
Observaciones
- Art. 2. Hay críticas al registro de los vehículos sin la necesidad del despachante de Aduana. Los choferes y el transporte pesado están molestos porque se los incorpora en el saneamiento de remolques y semirremolques, pues estos son legales y no requieren del proyecto, según la Cámara Nacional de Transporte Pesado.
- Art. 3. El pago de los tributos aduaneros aplicables a su importación sobre sus tablas de valores es objeto de críticas. El proyecto prevé el pago de una multa equivalente al 50% del tributo aplicable en el caso de los motorizados a gasolina; en el caso de los que funcionan a gas natural vehicular será del 25%, mientras que los que operan con diésel, la multa será del 100%. Los diputados de la oposición consideran que el ingreso de los autos usados atenta al medioambiente y por ende rechazan su aprobación.
Alertan líos para Gobierno y AduanaA raíz de la exclusión de los despachantes de Aduana en el proceso de saneamiento vehicular, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA) advirtieron ayer serias consecuencias para la institución recaudadora y para el Gobierno, pues habrá demoras, errores y se tendrá una reducción en la recaudación de impuestos porque el despachante determina el valor real de la mercadería.
El IBCE considera que, dado el alto volumen de vehículos que deben legalizarse en tres meses, omitir la intermediación de los despachantes puede complicar a la Aduana y al Gobierno, siendo los agentes despachantes los auxiliares naturales de la función pública aduanera.
“Si la ley los excluye para que sea la Aduana la que intervenga directamente con quienes han contrabandeado los autos, ello puede exponer innecesariamente a sus funcionarios técnicos no solo a desatender las labores normales que deben realizar, sino a situaciones que por errores humanos u otra indeseada situación el día de mañana pueda sometérselos a procesos legales.
Por el contrario, aclara que si el despachante es quien interviene, él será el responsable del proceso, sin costo alguno para el Estado.
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