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Los alteños, que habían iniciado su protesta a las 06.00 del lunes, consiguieron que el Ejecutivo atienda su pliego de 21 puntos y fije plazos de cumplimiento para cada uno de ellos. “Con este documento hemos logrado el 98,8 por ciento de lo que pedimos y el cumplimiento está claramente establecido con plazos", explicó el dirigente Claudio Luna.
Las dos principales demandas de los vecinos de este distrito fueron la instalación de gas domiciliario y un servicio de alcantarillado que reemplace al sistema de pozos ciegos que utiliza la zona.
La ministra de Agua y Medioambiente, Mabel Monje, se comprometió a concluir en 70 días, a partir del lunes, la construcción de la matriz de alcantarillado del Distrito 8 hasta la planta de Puchukollo. De esta manera se retomará la instalación del ducto que había quedado paralizada desde hace tres años. Garantizó que de esta manera en dos años los domicilios de los 50.000 habitantes del Distrito 8 contarán con instalación de alcantarillado.
A su turno, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, prometió que hasta el año 2015 se dotará de gas domiciliario al 70% de las viviendas de ese distrito.
Esos fueron los dos principales compromisos del convenio de 21 puntos que abrió las puertas para el desbloqueo de la carretera La Paz- Oruro, que había provocado desabastecimiento de gasolina, diésel y GLP en las ciudades de La Paz, El Alto e incluso Oruro.
Durante la jornada, mientras se desarrollaban las negociaciones en El Alto, los choferes que en La Paz hacían extensas filas en busca de combustible, llegaron a bloquear las avenidas Montes en el centro y Busch en Miraflores, en su desesperación por conseguir carburantes.
Firmado el convenio, el ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez, anunció que inmediatamente se restablecería la dotación de carburantes con el envío de las cisternas a las estaciones de servicio, lo que sin embargo no ocurría hasta las 22.00.
Mientras, los vecinos se trasladaron con una copia del acta rubricada a los 18 puntos de bloqueo para dar la noticia y comenzar a levantar la medida.
A las 18.40 se abrió la carretera La Paz-Oruro y unos 500 motorizados varados en la Apacheta retomaron sus rutas en medio de un gigantesco congestionamiento. El ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, calificó el acuerdo como “muy importante” y anunció que “siempre estaré dispuesto a dialogar con El Alto”.
Por los vecinos se pronunció Claudio Luna, vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto y representante del distrito en conflicto. “Éste —subrayó— es un triunfo del Distrito 8”.
Este martes había amanecido con la radicalización de la protesta vecinal, pues a los 13 puntos de bloqueo iniciales se sumaron otros cinco, pese a que en la noche del lunes arrancó el diálogo que luego quedó en cuarto intermedio.
La cita con las autoridades se reinstaló a las 12.30 en el patio de la Subalcaldía del Distrito 8, donde 186 dirigentes de la misma cantidad de urbanizaciones del sector se apostaron en las graderías a cuyo frente se instaló una mesa con sillas para las autoridades.
El encuentro concluyó a las 16.30 y en una hora se afinó la redacción del documento, que al final fue firmado por los ministros Delgadillo, Monje y Gutiérrez, además del presidente de YPFB, Carlos Villegas. Por los vecinos firmó el dirigente Claudio Luna.
La ministra Monje explicó que para solucionar el “sabotaje” de la comunidad Jacha Marqa Quentavi, que exigía obras a cambio de permitir el paso por su territorio del ducto de alcantarillado para atender a los vecinos del Distrito 8, se determinó cambiar el trazo de la matriz hacia Viacha.
El primer paso para continuar con la construcción de la matriz —anunció— “será conversar con las autoridades de ese municipio; segundo, recorrer el terreno; y tercero, reiniciar las obras desde el lunes”. Esta obra comenzó a construirse hace cinco años, pero hace tres quedó paralizada por el “sabotaje” de los comunarios.
Miles de personas fueron afectadas
Miles de personas fueron afectadas
El bloqueo de los vecinos del Distrito 8 de El Alto perjudicó este martes a miles de personas en esa urbe, en La Paz y en Oruro. En las tres ciudades se sintió el desabastecimiento de combustible provocado por el cerco a la planta de Senkata, a donde, desde el lunes, no pudieron ingresar las cisternas encargadas de la distribución de carburantes.
Las estaciones de servicio permanecieron ayer cerradas, aunque con largas filas de vehículos en sus puertas y con choferes del transporte público molestos por el perjuicio. En protesta, también realizaron bloqueos, uno de ellos en la avenida Montes.
Los transportistas que trabajan con vehículos a gas aprovecharon la situación, aunque la gente se quejó por el aumento de tarifas. Por ejemplo, cobraron tres bolivianos por la carrera entre la Pérez Velasco y la Ceja de El Alto, 0,50 centavos más de lo habitual.
En contacto con radios y canales de televisión, vecinos de otras zonas denunciaron incrementos similares en otros tramos. También se registraron protestas por la falta de gas licuado. A medianoche, las filas en las estaciones de servicio de La Paz continuaban, aunque esta vez los choferes conseguían llenar los tanques de sus vehículos, ya que las cisternas habían llegado.
También reclaman por inseguridad y calles sucias
También reclaman por inseguridad y calles sucias
La madrugada del martes 12 de julio, delincuentes se llevaron 10 computadoras y una fotocopiadora de la iglesia de Villa Merced “C”, un barrio por cuyas márgenes cruza un río con desechos industriales y aguas servidas, dos razones adicionales por las que el Distrito 8 se movilizó.
“Si bien el alcantarillado y la conexión domiciliaria de gas son nuestras principales demandas, la seguridad ciudadana y el tema del recojo de la basura son otros problemas con los que debemos lidiar todos los días”, expuso Susy Chino Tintaya, dirigente de Villa Merced “C”, que ayer junto a los vecinos bloqueaba la carretera a Viacha.
“El D-8 no solamente es Senkata, es también esta parte que colinda con Viacha. Vivimos así entre la basura, en calles de tierra y ríos contaminados”, agregó la dirigente de pollera Chino Tintaya. Alberto Cortez, un jubilado minero, se quejó también por el servicio del transporte público. “Los minibuses abusan de nosotros. Cobran un boliviano y 50 centavos desde nuestro barrio Villa Merced “D” hasta el cruce de Viacha y luego desde ahí otro boliviano y 50 centavos hasta la Ceja”, señaló.
Fuente: La Razón
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