19:06
El activista político de El Alto en octubre de 2003, Roberto de la Cruz, expresó este martes la decepción de los alteños por la sentencia de 3 a 15 años de cárcel a dos ex ministros del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a la cúpula militar de ese año que encabezó lo que denominan “masacre sangrienta” por los 64 muertos en la llamada “guerra del gas” que derrocó al ex mandatario, actualmente prófugo de la justicia boliviana.
“Nosotros calificamos la sentencia de cariñosa porque el juicio de responsabilidades contra los ex colaboradores ha sido cariñoso. Esperábamos una sentencia de 25 a 30 años de cárcel sin derecho a indulto porque el Tribunal declaró un delito de genocidio, sin embargo sólo dio tres años de cárcel a dos ex ministros que no sufrirán una pena corporal”, manifestó el también asambleísta del MAS.
Dijo que de acuerdo a la ley, aquellos que reciben una sentencia menor a 3 años, no van a la cárcel y pueden gozar de un perdón judicial. “Los hermanos alteños están llorando exigiendo justicia porque con esta sentencia cariñosa, los ex ministros como Carlos Sánchez Berzaín y otros podrían recibir la misma sentencia si prospera el juicio de responsabilidades”, afirmó.
De la Cruz cumplió la jornada de este martes una vigilia junto a familiares de los afectados ante la Corte Superior del Distrito para expresar su descontento por la sentencia porque todos los ministros de Sánchez de Lozada fueron firmantes del decreto que autorizó la intervención militar para abrir paso al convoy de cisternas para abastecer de combustible a la Sede de Gobierno.
Los ex ministro de Desarrollo Sostenible, Erick Reyes Villa y de Trabajo, Adalberto Kuajara, fueron sentenciados a tres años de prisión al ser considerados autores mediatos en grado de complicidad de los delitos de genocidio, por los 64 muertos y más de 450 heridos. Los condenados ya fueron trasladados a la cárcel de San Roque de Sucre.
El asambleísta indicó que la prueba del delitos son las muertes y los heridos, cuyos familiares esperaron 8 años para una sentencia condenatoria con penas más fuertes, para sentar precedente y en base a la condena, se pueda tramitar inmediatamente la extradición del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague que radican en EEUU, en calidad de asilados políticos.
Dijo que ese trabajo debe asumirlo la Cancillería del Estado junto a la Fiscalía General para abrir un proceso en segunda instancia en contra de los ex colaboradores, esperando una sentencia mayor porque fueron los autores de la masacre sangrienta.
A partir de la sentencia condenatoria – precisó- está claro que el juicio de responsabilidades ya no es una persecución política sino una masacre genocida y lo que corresponde al Gobierno es coadyuvar para el trámite de extradición de los ministros que se encuentran en Perú, en consecuencia, está en manos de las autoridades porque ya no hay argumento para escudarse en una supuesta persecución política.
Fuente: La Opinión
“Nosotros calificamos la sentencia de cariñosa porque el juicio de responsabilidades contra los ex colaboradores ha sido cariñoso. Esperábamos una sentencia de 25 a 30 años de cárcel sin derecho a indulto porque el Tribunal declaró un delito de genocidio, sin embargo sólo dio tres años de cárcel a dos ex ministros que no sufrirán una pena corporal”, manifestó el también asambleísta del MAS.
Dijo que de acuerdo a la ley, aquellos que reciben una sentencia menor a 3 años, no van a la cárcel y pueden gozar de un perdón judicial. “Los hermanos alteños están llorando exigiendo justicia porque con esta sentencia cariñosa, los ex ministros como Carlos Sánchez Berzaín y otros podrían recibir la misma sentencia si prospera el juicio de responsabilidades”, afirmó.
De la Cruz cumplió la jornada de este martes una vigilia junto a familiares de los afectados ante la Corte Superior del Distrito para expresar su descontento por la sentencia porque todos los ministros de Sánchez de Lozada fueron firmantes del decreto que autorizó la intervención militar para abrir paso al convoy de cisternas para abastecer de combustible a la Sede de Gobierno.
Los ex ministro de Desarrollo Sostenible, Erick Reyes Villa y de Trabajo, Adalberto Kuajara, fueron sentenciados a tres años de prisión al ser considerados autores mediatos en grado de complicidad de los delitos de genocidio, por los 64 muertos y más de 450 heridos. Los condenados ya fueron trasladados a la cárcel de San Roque de Sucre.
El asambleísta indicó que la prueba del delitos son las muertes y los heridos, cuyos familiares esperaron 8 años para una sentencia condenatoria con penas más fuertes, para sentar precedente y en base a la condena, se pueda tramitar inmediatamente la extradición del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague que radican en EEUU, en calidad de asilados políticos.
Dijo que ese trabajo debe asumirlo la Cancillería del Estado junto a la Fiscalía General para abrir un proceso en segunda instancia en contra de los ex colaboradores, esperando una sentencia mayor porque fueron los autores de la masacre sangrienta.
A partir de la sentencia condenatoria – precisó- está claro que el juicio de responsabilidades ya no es una persecución política sino una masacre genocida y lo que corresponde al Gobierno es coadyuvar para el trámite de extradición de los ministros que se encuentran en Perú, en consecuencia, está en manos de las autoridades porque ya no hay argumento para escudarse en una supuesta persecución política.
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