El gobierno de Evo Morales solicitó ayuda, desde el mismo Palacio de Gobierno, a la Embajada de Estados Unidos para trasladar a marchistas indígenas desde Rurrenabaque a Trinidad el pasado 26 de septiembre, tras la violenta represión policial de Chaparina.
Fuentes militares confirmaron a Erbol que el gobierno buscó apoyo de la NAS (Sección Antinarcóticos Estadounidense) con el objetivo de utilizar el avión Hércules C 130, de propiedad del gobierno de Washington.
El pedido de auxilio se produjo después que las autoridades gubernamentales fracasaron en su primer intento de transportar a los marchistas vía terrestre, debido al bloqueo de caminos que llevó adelante el movimiento cívico de San Borja en solidaridad con los indígenas.
Los vehículos de transporte público, contratado por el Poder Ejecutivo, no consiguieron romper el corte de ruta en la capital borjana. Una orden del Ministerio de Gobierno determinó el desvió de los buses hacia Rurrenabaque con la finalidad de habilitar un puente aéreo hasta Trinidad.

Las fuentes consultadas por ERBOL dijeron que hubo momentos de alta tensión, debido a los problemas que se presentaron en el operativo de desmovilización de la marcha. 
Ante la imposibilidad de trasladar a los indígenas por tierra, funcionarios de alto rango tampoco pudieron acceder a aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana. La única opción era utilizar el Hércules de la NAS-norteamericana.

Dientes para afuera 
Pese a que las relaciones entre los gobiernos de Washington y La Paz se encuentran deterioradas, la NAS no dejó de operar en Bolivia desde 1976. Desde entonces esta entidad desembolsó más de $us.500 millones para diferentes programas relacionados con la lucha antidrogas.
El pedido del Palacio de Gobierno para transportar a indígenas fue rechazado por las autoridades de la NAS, debido a que los aviones Hércules sólo pueden utilizarse en operativos antidroga o en situaciones de ayuda humanitaria.
En estas circunstancias, el grupo de indígenas se encontraba en calidad de detenidos por la Policía en la población de Rurrenabaque, a donde fueron trasladados en condiciones inhumanas, según denuncias de marchistas.
“Pese a la negativa estadounidense, el avión Hércules voló de La Paz a Rurrenabaque, pero no pudo cumplir con el objetivo de la evacuación”, debido a que no tenía autorización de los dueños de la aeronave y los efectos legales que acarrearía una situación de esta naturaleza.
“Que retorne inmediatamente ese avión a La Paz, nos vamos a buscar problemas”, ordenó una alta autoridad de las Fuerzas Armadas, según las fuentes.
Vanos fueron los intentos de ERBOL para conocer la versión oficial del ministro de Comunicación, Iván Canelas, (durante dos días su secretaria reiteró que se encontraba en reunión) ni del comandante de la FAB, Tito Gandarillas, en tanto que desde la Embajada de Estados Unidos hubo un lacónico “no coments (“sin comentarios”).

Material aéreo 
Antes de tomar la decisión de pedir un favor a la legación diplomática norteamericana, el gobierno intentó sin éxito utilizar aviones militares bolivianos.
Fuentes castrenses señalaron que acceder a aviones de la FAB implica lograr autorización mediante telefonemas o radiogramas firmados a partir de una solicitud expresa.
“En las Fuerzas Armadas no deliberamos, cumplimos órdenes y esas órdenes tienen jerarquía. Nuestra máxima autoridad es el Presidente como Capitán en Jefe de las Fuerzas Armadas”, indicaron. “Nada se mueve sin una orden escrita”.
El trámite que sigue una solicitud para utilizar aviones de la Fuerza Aérea Boliviana (en caso de vuelos extraordinarios) es el siguiente: una orden escrita emitida por conducto regular establecido:
1- Capitán General de las Fuerzas Armadas, 2- Ministro de Defensa, 3- Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, 4- Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, 5- Comandante de Unidad (quien ejecuta la operación aérea), 6- Tripulantes
En dicho documento se detalla la razón del uso de las aeronaves. El costo del combustible y viáticos corren por cuenta de Palacio Quemado.
“Estas autorizaciones no se emiten en el mismo instante, necesariamente se tramitan por lo menos con 24 horas de anticipación. Hay una jerarquía que se la respeta de manera estricta”, agregaron las fuentes consultadas por Erbol.

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