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La 42 Asamblea de la OEA aprobó este lunes en Tiquipaya la denominada Carta Social de Las Américas, un instrumento concebido para complementar los procesos democráticos con un desarrollo económico inclusivo que permita superar las condiciones de pobreza y desigualdad imperantes en el continente.
El documento fue concebido para "promover el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos de América" y observar los derechos económicos, sociales y culturales, "así como la eliminación de la pobreza y la inequidad", según indican las consideraciones del texto.
"Todos los países miembros consignan sus compromisos con los pueblos de la región y se comprometen a hacer lo necesario para que el desarrollo económico que estamos experimentando se vea acompañado de un desarrollo social", señaló el secretario general del OEA, el chileno José Miguel Insulza, durante la jornada inaugural de la Asamblea.
El mandamás de la OEA encomendó a la organización "aprobar, en breve plazo, un Plan de Acción que ponga en práctica esos importantes compromisos".
La Carta Social fue redactada con el objetivo de complementar el contenido de la Carta Democrática Interamericana que reconoce que "la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente".
Por lo tanto, el documento indica que "la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad, a la consolidación de la democracia y el estado de derecho en los Estados".
Se acota además que "la pobreza crítica constituye un obstáculo al desarrollo y, en particular, al pleno desarrollo democrático de los pueblos".
La Carta Social contiene 5 capítulos referidos que abarcan aspectos como la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico inclusivo y equitativo, la justicia social, la solidaridad y el desarrollo cultural diverso y plural.
Las distintas delegaciones expresaron su satisfacción por la aprobación del contenido del documento después de más de seis años de debates y coordinaciones.
AFP
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