El Ministerio Público del vecino país alista el cierre judicial del caso. El lunes expira el plazo fijado por el Juzgado de Pozo Almonte para esta investigación. En dicha instancia, según fuentes del caso, la Fiscalía ofrecería a los imputados un juicio abreviado y la suspensión bajo condiciones del proceso penal.  

“Son alternativas posibles que estamos manejando; no puedo negar que hay un avance importante con el hecho de que hayan renunciado a su derecho a guardar silencio”, indicó el fiscal regional Manuel Guerra al portal chileno La Tercera.  

A las 12:40 de ayer llegaron hasta el recinto que alberga al Ministerio Público de la zona Alex Choque Quispe (20), Augusto Cárdenas García (18) y José Luis Fernández Choque (18). Los soldados bolivianos fueron escoltados por seis gendarmes, estaban esposados y no quisieron dar declaraciones a quienes aguardaban la diligencia.  

El fiscal Guerra adelantó que si el lunes se pone término al caso, los soldados “quedarían en situación de libertad ese mismo día (...) podría hacerse efectiva una medida de expulsión”. La fiscalía reconocería, además, como “atenuante calificada” la colaboración sustancial de los militares al acceder a los interrogatorios.  

Alex Choque fue el primero en iniciar la ronda de declaraciones. El integrante del Regimiento de Montaña del Ejército Boliviano habría insistido en que ese día no sabían que habían traspasado a territorio chileno y que estaban custodiando un vehículo que iba a ser contrabandeado.  

En el marco del interrogatorio, la fiscalía expuso un peritaje que da cuenta de que el arma fue percutada en suelo chileno, lo cual fue confrontado con la versión que han entregado los imputados y su abogado, Roberto Celedón.  

El segundo en declarar ante la fiscalía fue Augusto Cárdenas y, finalmente, fue el turno de Fernández, que según las versiones policiales era quien portaba el armamento de guerra cuando fueron detenidos. Respecto a este último, la Fiscalía Regional de Tarapacá ofrecería un juicio abreviado, por ser quien tenía en sus manos el arma. Este juicio implica que el uniformado reconozca culpabilidad en los hechos, pero no arriesgue pena efectiva de cárcel.  

Respecto a Choque y Cárdenas -a quienes sólo se les atribuiría haber pasado de forma ilegal a Chile-, el Ministerio Público les permitiría acceder a una suspensión condicional del procedimiento. Con esto finalizaría la causa penal, lo que permitiría que los soldados abandonen el país. 
 Durante la toma de declaración, los familiares de los imputados -quienes viajaron desde Bolivia- permanecieron en el consulado de ese país que hay en la ciudad de Iquique, junto a parlamentarios chilenos y bolivianos. Cruces de palabras.  

Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera, afirmó que el Gobierno chileno tiene actitudes “trogloditas” y “cavernarias”. En respuesta a estas declaraciones, el presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a su par boliviano (Evo Morales) de actuar con mayor respeto por el derecho internacional. 

 “El presidente (Morales) debe actuar con mayor respeto por la verdad, y también a aprender que el orden jurídico y el Estado de derecho lo vamos a proteger y lo vamos a resguardar siempre”, señaló Piñera. EL DEBER Digital-LA TERCERA de Chile

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