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Noticias de Bolivia, 18 de septiembre 2014
El secretario ejecutivo de la Confederación de Jubilados y Rentistas de Bolivia, Irineo Rivera, anunció el jueves que ese sector decidió, por unanimidad, suspender todas las medidas de presión instaladas en el país, incluida la marcha desde Konani hasta La Paz, después que un ampliado decidió aceptar una reunión con el presidente Evo Morales el próximo 10 de octubre, dos días antes de las elecciones generales.
"Es un consenso generalizado de todos los sectores que verdaderamente se han sacrificado. Lo han aceptado de forma unánime, todos han dicho que sí y prepararse para el día 10 de octubre a las cinco de la mañana, se llama suspenso de actividades hasta la fecha señalada", explicó el dirigente desde Patacamaya, donde se encontraba la marcha a La Paz.
Informó que la decisión de adelantar el encuentro con Morales para el 10 de octubre fue comunicada inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB), que intermedia en el conflicto, y oficializada en una nota enviada desde el Ministerio de Economía.
Las protestas de la Confederación de Jubilados y Rentistas de Bolivia se iniciaron el pasado 27 de agosto con el bloqueo de las principales avenidas de ciudades capitales del país, en demanda de bono anual de 3.000 bolivianos y el pago del doble aguinaldo.
El pasado 15 de septiembre, alrededor de 2.000 jubilados confederados iniciaron una marcha desde Konani (Oruro) hasta La Paz, para endurecer sus medidas de presión y forzar al Gobierno a atender sus demandas.
Inicialmente, la reunión entre el Primer Mandatario y los jubilados fue fijada para el 24 de octubre, con el propósito de evitar que sus demandas se tergiversen con el ambiente electoral, de cara a los comicios presidenciales del próximo 12 de octubre.
No obstante, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, anunció ayer que el encuentro con Morales se adelantó para el 14 de octubre, iniciativa que fue rechazada de inmediato por los jubilados.
El Gobierno boliviano afirma que aceptar la demanda de los jubilados le costaría al Tesoro General de la Nación 92 millones de dólares adicionales cada año y sacrificaría la inversión pública en la construcción de hospitales, escuelas y carreteras.
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó ayer que el pago de un bono anual de 3.000 bolivianos a los jubilados no es sostenible en el tiempo y no sería responsable acceder a esa demanda.
Ratificó que a partir de este año se pagará el primer aguinaldo a la Renta Dignidad, una iniciativa que beneficiará a los rentistas regulares que son 138.000 a nivel nacional, pero también a los adultos mayores de 60 años que no perciben pensiones del sistema contributivo, cuya población asciende a 700.000.
Además, recordó que desde la gestión 2005 el Gobierno Nacional incrementó de 386 millones a 562 millones de dólares los recursos destinados a pagar las pensiones de los jubilados confederados, pese a que la población de rentistas en el país se redujo en ese periodo.
ABI
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