La Paz, 28 Jul (Erbol).- El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) presentó este jueves a la Asamblea Legislativa Plurinacional su propuesta de Ley sobre la consulta de carácter vinculante, que permite vetar proyectos extractivos en caso de no llegar a un acuerdo con el Gobierno para la ejecución de los mismos dentro de un territorio indígena.

“Si en el curso de las reuniones conciliatorias, no se suscitaren coincidencias y ello diera lugar a la inviabilidad de acuerdos, el Estado se abstendrá de ejecutar los proyectos de exploración, explotación, así como de emitir las normas jurídicas que afecten los territorios ancestrales de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Afrobolivianas, constituyendo el acuerdo, el requisito imprescindible para la implementación de dichos trabajos o promulgación de normas legales”, se lee en el artículo 35 del proyecto de Ley.

El documento fue presentado al jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), diputado Edwin Tupa y al senador del oficialismo Eugenio Rojas, después de un incidente con la policía, que impidió a las autoridades del CONAMAQ ingresar a plaza Murillo de la sede de gobierno.

“El derecho a la consulta es vinculante. Sólo planteamos el respeto a nuestros derechos que están establecidos en la Constitución (Política del Estado) y normas internacionales”, declaró el Mallku de la Comisión de Industrias Extractivas, Rafael Quispe.

Las autoridades de los 16 suyus, que acoge el CONAMAQ, protagonizaron una marcha desde la plaza San Francisco, liderados por su principal representante, es decir, el Jiliri Apu Mallku, Sergio Hinojosa.

“Este es un proyecto que se lo ha construido desde nuestras bases, sólo pedimos que sea tomado en cuenta por los asambleístas para su aprobación tal como está (redactada en la propuesta de Ley)”, manifestó Hinojosa.

PARTICIPACIÓN DEL ÓRGANO ELECTORAL

En el artículo 27 de la propuesta de la norma, se hace mención a la participación del Órgano Electoral en las reuniones de conciliación para la consulta entre indígenas, el Gobierno u otras instancias estatales, para que realice el respectivo monitoreo de los acuerdos, a fin de que los mismos se cumplan.

Asimismo, se hace referencia a sanciones penales en caso de incumplimiento a la consulta, tanto de la parte interesada para explotar un determinado recurso natural en territorio indígena, como del sector que pueda ser afectado por alguna actividad extractiva.

No sólo se plantea que la consulta se aplique en el ámbito extractivo, sino también en medidas legislativas y administrativas en todos los niveles del Estado, que involucren a los pueblos indígenas del país y la misma debe ser aplicada de forma orgánica.

Al momento de recibir la propuesta, el senador Rojas señaló que el documento será analizado, pero también se trabajará en base a las sugerencias que tengan otras organizaciones indígenas, campesinas y sociales, para así contar con una sola Ley sobre la consulta.

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