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El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, dijo este lunes que los siguientes días se apersonará a la sede de gobierno para interponer un proceso legal contra el presidente Evo Morales, por las acusaciones que hizo respecto a un supuesto vínculo entre la Embajada de Estados Unidos y los dirigentes indígenas.
“Vamos a asumir medidas legales”, dijo Quispe a la Red Unitel, quien marcha desde hace ocho días junto a 800 pobladores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Por lo que rechazó las acusaciones vertidas por el Jefe de Estado sobre comunicación telefónica con funcionarios de la embajada de Estados Unidos.
Los indígenas retomaron a las 06:00 de este lunes la marcha rumbo a La Paz, informó Quispe, quien pidió que el presidente atienda las exigencias de los sectores sociales no como un favor, “sino como una exigencia establecida en la Constitución Política del Estado”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Santiago Berrios considera que el gobierno busca controlar, mediante los pinchazos telefónicos a los indígenas. Explicó que esta figura no es legal, porque viola la norma constitucional, como la del derecho a la privacidad y confidencialidad”.
A su vez, Iván Bascopé, abogado constitucionalista y coordinador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), dijo que al revelar el detalle de llamadas “se vulnera normas y garantías constitucionales de personas”. Agregó que cada correspondencia y comunicación “es inviolable”.
El domingo el presidente mostró en el programa "El Pueblo es Noticia" los registros de llamadas telefónicas. De esta forma identificó que el funcionario de la Embajada de EEUU, Eliseo Abelo, a cargo de asuntos indígenas, habría conversado antes y durante la marcha con el diputado Pedro Nuni, Roxana Marupa ( esposa del dirigente Adolfo Chávez) y Rafael Quispe El líder del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq).
El viceministro de coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro dijo a la Red ATB que con el detalle de llamadas, el presidente Morales demostró que hay intereses externos para volver una demanda "que es legítima, en política".
“Vamos a asumir medidas legales”, dijo Quispe a la Red Unitel, quien marcha desde hace ocho días junto a 800 pobladores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Por lo que rechazó las acusaciones vertidas por el Jefe de Estado sobre comunicación telefónica con funcionarios de la embajada de Estados Unidos.
Los indígenas retomaron a las 06:00 de este lunes la marcha rumbo a La Paz, informó Quispe, quien pidió que el presidente atienda las exigencias de los sectores sociales no como un favor, “sino como una exigencia establecida en la Constitución Política del Estado”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Santiago Berrios considera que el gobierno busca controlar, mediante los pinchazos telefónicos a los indígenas. Explicó que esta figura no es legal, porque viola la norma constitucional, como la del derecho a la privacidad y confidencialidad”.
A su vez, Iván Bascopé, abogado constitucionalista y coordinador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), dijo que al revelar el detalle de llamadas “se vulnera normas y garantías constitucionales de personas”. Agregó que cada correspondencia y comunicación “es inviolable”.
El domingo el presidente mostró en el programa "El Pueblo es Noticia" los registros de llamadas telefónicas. De esta forma identificó que el funcionario de la Embajada de EEUU, Eliseo Abelo, a cargo de asuntos indígenas, habría conversado antes y durante la marcha con el diputado Pedro Nuni, Roxana Marupa ( esposa del dirigente Adolfo Chávez) y Rafael Quispe El líder del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq).
El viceministro de coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro dijo a la Red ATB que con el detalle de llamadas, el presidente Morales demostró que hay intereses externos para volver una demanda "que es legítima, en política".
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