Internacional
El presidente de Venezuela autorizó la adquisición forzosa de 290.000 hectáreas propiedad de la inglesa Agroflora. Indicó que con ello toman el "control total, administrativo y operacional" de la firma y se negó a pagar la indemnización en dólares
Chávez avaló este domingo el inicio de un procedimiento que, aseguró, "autoriza al Ejecutivo Nacional la adquisición forzosa mediante justa indemnización" de la empresa Agropecuaria Flora (Agroflora), filial de la Compañía Inglesa, y subsidiaria de Vestey Group, que ya estaba bajo control del gobierno.
"Ya tenemos el control, ahora estamos nacionalizando las propiedades que eran de la llamada Compañía Inglesa, Agroflora", sostuvo al intervenir en un acto de su partido, el Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en la ciudad de Maracay.
Indicó que con ello toman el "control total, administrativo y operacional" de la firma y se negó a la solicitud de los representantes de la filial que pedían el pago de sus activos "en moneda extranjera". "Ellos están empeñados en que les paguemos en dólares ¿Por qué?. No, estamos en Venezuela”, respondió el jefe de Estado.
"Vamos a hacer el avalúo, eso sí, vamos a hacer el avalúo justo, y después le pagamos. A ver si les pagamos por parte, le pagamos con unos bonos", explicó.
La empresa Agropecuaria Flora tiene haciendas en los estados Apure, Falcón y Guárico, dedicadas a la cría de ganado. La filial de Vestey había entregado en 2006 al Estado las haciendas El Charcote y San Pablo Paeno, de 12.950 y 43.000 hectáreas, respectivamente, valoradas en conjunto en unos 7,1 millones de dólares.
Antes de ese trato, la empresa y el gobierno venezolano se enfrascaron en una disputa luego de que el Instituto Nacional de Tierras declaró propiedad pública algunos de sus terrenos, alegando que los documentos de propiedad presentados por Agroflora no eran legítimos
En enero pasado, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo indicó que el gobierno intervino un total de 3 millones de hectáreas de tierras, lo que representa el 10 % de los terrenos con potencial productivo del país.
Chávez declaró en 2004 la guerra al latifundio y desde entonces expropió tierras por estar improductivas, subutilizadas o con títulos de propiedad dudosos, con la promesa de entregarlos a campesinos pobres para que las trabajen. Agremiaciones empresariales y la oposición tildan de ilegales las expropiaciones.
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