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"Creo es justo y necesario que el pueblo boliviano, cuyos impuestos van a parar a estas universidades, sepa qué se hace con estos recursos”, dijo ayer en conferencia de prensa el ministro de Economía, Luis Arce, quien oficializó que hoy enviará una carta a la Contraloría para que haga una fiscalización de este dinero proveído por el Estado.
El hecho que destapó esta información es el conflicto con la UPEA, que exige un presupuesto de 100 millones de bolivianos para sus gastos de 2012, mientras el Gobierno —que adelantó que es imposible atender la demanda— le ofreció 70 millones, con los cuales pasaría a ser parte de la repartición de los recursos de la coparticipación tributaria.
En una entrevista con los medios estatales, Arce aclaró que el dinero que las universidades tienen sin ejecutar, sobre todo la UPEA, demuestra que el problema actual “no es por falta de dinero”. Subrayó que este tema desnuda dos falencias en estas instituciones: falta de proyectos de preinversión e incapacidad y carencia de una gestión administrativa.
Control. El ministro recalcó que las instancias que tienen tuición para la fiscalización del destino de estos recursos económicos estatales son la Contraloría y la Asamblea Legislativa Plurinacional. “No es que no tenemos capacidad de fiscalización, me encantaría a mí hacer fiscalización, pero no tengo competencia”, manifestó.
El sábado, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, quien participa del diálogo entre el Gobierno y la UPEA, se expresó en favor del control y la investigación de estos recursos económicos sin ejecutar, pero no especificó si alguna comisión de diputados tomará cartas en el asunto.
El secretario general del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Carlos Laime, rechazó el planteamiento de Arce, bajo los lineamientos de la autonomía universitaria. Similar posición tuvo el rector de la universidad alteña, Dámaso Quispe; pero el líder de la Federación Universitaria Local de la UPEA, José Camayo, señaló ayer a radio Atipiri que los estudiantes alteños impulsarán a que sus autoridades transparenten su administración.
La rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Teresa Rescala, comentó que Arce no está bien informado porque “hasta el momento hemos invertido más del 91% de lo que nos asignaron y hasta fin de año llegaremos al 100%”. Asimismo, dejó abierta las puertas para la fiscalización del destino de su presupuesto.
En cuanto a la UPEA, el titular de Economía informó que hasta 2005, esta casa de estudios superiores recibió del Estado 23 millones de bolivianos, lo que subió a 83 millones desde el ascenso al poder de Evo Morales. Esta alza también se notó en las otras universidades públicas del país, que hasta 2005 recibían 1.152 millones y ahora, perciben 2.237 millones de bolivianos.
Equidad. Arce comentó que los 70 millones de bolivianos propuestos por el Gobierno a la UPEA pretenden darle equidad a la repartición de recursos, ya que elevarán de Bs 3.682 a Bs 7.138 el promedio anual de transferencia de dinero para cada estudiante de esta universidad, mientras que cada alumno de la UMSA tendrá en promedio Bs 6.434.
El planteamiento de la UPEA (100 millones) dispararía esta transferencia per cápita a Bs 8.609 para cada universitario alteño. Además, según el ministro, no hay certificación que valide que esta casa de estudios cuente con 20.295 alumnos, porque no acreditó a ninguno ante el CEUB. “Ni siquiera son los 20 mil (estudiantes), son algunos nada más allí adentro, y quieren más de 100 millones”, puntualizó, según ABI.
La pareja de propuestas del diálogo
Ejecutivo
El Gobierno amplió del 5% al 5,35% la coparticipación tributaria para beneficiar con este 0,35% a la UPEA; lo que equivale a Bs 70 millones.
UPEA
La Universidad Pública de El Alto no aceptó la propuesta del Ejecutivo y pide la entrega de Bs 100 millones.
Visiones enfrentadas por fiscalización
La fiscalización propuesta por el Ministerio de Economía provocó posiciones enfrentadas en la dirigencia universitaria. Para el secretario general del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Carlos Laime, la autonomía universitaria inviabiliza ello.
“Somos autónomos, lo que nos queda poner como control social surge en la misma universidad. El rechazar una intervención del Gobierno no significa que las cosas estén siendo oscuras”, enfatizó y además agregó que las declaraciones del ministro Luis Arce se hicieron “en caliente”, sin analizar lo que sucede en las universidades públicas.
El rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Dámaso Quispe, se refirió el sábado a la autonomía universitaria como el “precepto que rige los principios de todo accionar” y que la propuesta de Arce es contraria a ello.
Sin embargo, afirmó estar dispuesto, como autoridad pública, a una fiscalización o intervención en cuanto al manejo de los recursos estatales y la ejecución de los mismos, pero remarcó que “no se puede sobrepasar la autonomía lograda con sangre”.
La rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Teresa Rescala, declaró que “siempre” se ha fiscalizado a las universidades a través del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), “ pero si el Ministro de Economía pretende ser el rector, eso no lo vamos a permitir porque es antiautonómico”.
Comentó que no habría problema en que se fiscalice a las universidades ya que asumen presupuestos bajo normas y leyes. “Tenemos que usar los recursos de acuerdo con las normas y leyes y la autonomía es mucho mayor al aspecto financiero”.
El artículo 5 del estatuto del CEUB especifica que la autonomía universitaria implica libre administración de sus recursos.
Fuente: La Razón
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