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La directora de IBIS en Bolivia, Ximena Valdivia, lamentó a través de un comunicado el cierre de planes que benefician a 76.500 personas, así como no haber tenido la oportunidad de dialogar con el Gobierno sobre los razones de la expulsión.
El Ejecutivo que preside Evo Morales acusa a IBIS de injerencia política, de financiar la división de organizaciones indígenas y de haber plasmado en documentos críticas "intolerables" a su relación con los pueblos nativos.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró hace una semana que documentos de IBIS señalan que el Gobierno boliviano "se ha extraviado", "ha traicionado los principios de la lucha de los pueblos indígenas" y es "incapaz de aplicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas", entre otras críticas.
Según Valdivia, las acusaciones no se corresponden con la política de la ONG y su historial de trabajo en Bolivia por lo que han quedado "profundamente abrumados" y sorprendidos por las denuncias.
Valdivia enfatizó que la institución tiene el "mínimo derecho de conocer con precisión cuáles son los fundamentos de la decisión de la expulsión de IBIS de Bolivia con objeto de tener la oportunidad de dar una explicación o corregir los errores cometidos".
Agregó que la ONG respeta la soberanía de los países donde trabaja y apoya los derechos de los indígenas, pero no habla en su nombre, pero si representantes o documentos de IBIS han sobrepasado esa política están "dispuestos a pedir las disculpas necesarias".
La organización destacó que está presente en Bolivia desde hace 30 años y toda su forma de trabajar, sus programas y estrategias han sido reportadas a la Cancillería boliviana, "sin haber recibido nunca antes ninguna observación o llamada de atención".
La ONG trabaja en Bolivia en proyectos de promoción de la educación para los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia intercultural del país, programas sobre el cambio climático y en salud, entre otras áreas.
IBIS también ayudó a la puesta en marcha en La Paz del restaurante Gustu, que se ha propuesto impulsar una revolución en la gastronomía boliviana junto al cocinero danés Claus Meyer, copropietario del restaurante Noma de Copenhague, segundo mejor del mundo según la lista anual de la revista británica Restaurant.
La directora de la ONG indicó que han solicitado al Estado que se haga cargo de todos sus programas que benefician a decenas de miles de personas, que se verán perjudicadas por su salida de Bolivia.
El Gobierno de Morales también ha advertido de que otras ONG puede correr la suerte de IBIS si están en actividades de injerencia o de conspiración, argumento que también se usó en mayo pasado para expulsar a la agencia de cooperación internacional de Estados Unidos, la Usaid.
Fuente: EFE
