Noticias de Bolivia, 26 de febrero 2015
“No vale la pena que los grupos bolivianos sigamos participando en el Festival de Viña del Mar”, dijo Cristian Orellana, representante del grupo Pasión Andina a EL DEBER en un contacto telefónico desde la ciudad balneario de Chile.  

Esta aseveración responde a la actitud que tuvieron los técnicos de la competencia musical con nuestros compatriotas, ya que según Orellana, después de ser calificados con un 5,1 en su primera actuación (lunes), solicitaron que se corrijan los desperfectos en el sonido para su segunda participación (miércoles). 

 “Pedimos que se revise el audio, pero no hubo la voluntad para hacerlo. Queremos regresar a Bolivia lo antes posible. Ya informaremos en el país todos los detalles de lo que ocurrió”, aseguró el manayer.  

La agrupación orureña recibió un 5,4 como puntaje dejándola fuera de la categoría folclórica. Orellana sostuvo que en el festival hay tres centrales de audio, una para la televisación, otra para las personas del anfiteatro y otra para los retornos.  

“El jurado evaluó nuestro desempeño porque escuchó el audio del aforo que no tuvo una buena calidad, en Bolivia no pudieron percibir esto porque la señal de la televisión estaba correcto”, explicó.  

Los músicos no menosprecian al Festival de Viña del Mar como vitrina a nivel artístico, pero revelaron al Diario Mayor que pensaron abandonar la competencia después de su primera presentación al calificar de “nefasta” la situación de los desperfectos técnicos. 

Pero decidieron continuar porque hicieron un gran esfuerzo económico al llevar a 10 bailarines del ballet Los Caporales de San Simón. “Quisimos mostrar el folclore boliviano interpretado por danzarines nacionales con trajes elaborados por manos bolivianas”, dijo.  

Otra de las molestias del grupo es que la organización fijó su retorno para el sábado, con escalas en Lima, Santa Cruz y La Paz. “A pesar de que hay tres vuelos directos a La Paz, con las horas de vuelo y de espera parece que estuviéramos viajando a China”, afirmó Orellana. Es por eso que se están movilizando para regresar lo antes posible al país por sus propios medios.
Fuente: El Deber

Noticias de Bolivia, 20 de febrero 2015

El vicepresidente Álvaro García Linera rompió el silencio y manifestó su postura lateralmente respecto al escándalo de supuesta corrupción que envuelve al Fondo Indígena. Este viernes, sostuvo que éste debe mantenerse al ser una conquista del movimiento campesino, pero que debe tener una renovación y reestructuración.  

"Habrá que sancionar penalmente como corresponde, pero el Fondo debe mantenerse, con una mirada renovada, más transparente, tiene que mantenerse como un fondo, con unos recursos que no están tanto bajo la administración o la conducción administrativa de las organizaciones sino están bajo la conducción general deliberativa de las organizaciones sociales", señaló Linera.  

En ese sentido, García Linera propuso que, a futuro, la administración de este fondo se reestructure, donde un Consejo defina el tipo de obras y otra estructura administrativa ejecute las obras. 

 "El Fondo Indígena tiene que mantenerse porque es una conquista del pueblo boliviano, es una conquista de la lucha del movimiento indígena originario campesino. Se ha usado y tiene que seguirse usando en temas que favorezcan a los pueblos indígenas", manifestó el vicemandatario en conferencia de prensa.  

Sus declaraciones se dan en torno a un informe de auditoría del Contralor General del Estado, Gabriel Herbas, que constata un daño económico al Estado por más de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos financiados por el Fondo Indígena. 

A raíz de ello, exdirectores están siendo investigados, en tanto la oposición pide que la ministra de Desarrollo Rural y Tierra, Nemesia Achacollo, asuma responsabilidad al estar al frente del Fondo.  

Actualmente, el Fondo Indígena se estructura en tres niveles: una asamblea general de los pueblos indígenas, un directorio de carácter decisorio y un nivel ejecutivo.  

El Directorio está conformado por ocho organizaciones sociales, entre ellas el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y otros, a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Rural.  

Según publicó este viernes EL DEBER, en su edición impresa, más de Bs 68,3 millones de los recursos del Fondo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondo Indígena) fueron a parar a 148 cuentas individuales

Noticias de Bolivia, 20 de febrero 2015

Bolivia exigió a Chile la “inmediata” anulación de los cupos que perjudican el transporte de las exportaciones del país a los mercados de ultramar, entre otras “restricciones” que afectan las obligaciones establecidas en el Tratado de 1904.  

“Desde 2009 (...) Chile impuso cupos a Bolivia en su comercio exterior. Es decir, se limitó el volumen de tránsito y lo hizo como una necesidad de limitar el transporte boliviano como consecuencia del incremento del volumen del comercio exterior de Bolivia. Esto es algo muy grave”, explicó ayer el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, en la primera audiencia que convocó, en su sede de Montevideo, la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) para resolver los reclamos del país ante “restricciones” impuestas por Chile al transporte terrestre de Bolivia hacia los puertos del Pacífico.  

La autoridad diplomática, que citó al menos cinco afectaciones contra el libre tránsito, también demandó que el puesto fronterizo Tambo Quemado-Chungará —el más concurrido de la frontera binacional— sea abierto 24 horas y siete días a la semana. “Esa es una medida concreta que se podría inmediatamente adoptar para distender la tremenda presión que existe en la frontera con largas colas de nuestros transportistas. (....) Sería la primera frontera en la cual operaríamos de manera continua”, precisó Alurralde. Ante el reclamo boliviano, sustentado en el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), la Aladi pidió, en diciembre de 2014, que ambos países dialoguen a instancias de esta organización internacional, para hallar una solución hasta abril de 2015. Ayer, precisamente, se cumplió la primera audiencia en Montevideo.  

El ATIT fue suscrito en 1990 al amparo de la Aladi entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, para regular los servicios de transporte regional. El artículo 15 de este pacto indica que “no significa en ningún caso restricción a las facilidades que, sobre transporte y libre tránsito, se hubiesen concedido los países signatarios”. Alurralde recordó que Aladi estableció el 14 de diciembre que este apartado legal “es de carácter preceptivo, obligatorio y de estricto cumplimiento” tras invocar el carácter vinculante del Tratado de 1904. 

 Sin embargo, de acuerdo con la autoridad diplomática boliviana, Chile estableció medidas “unilaterales” y arbitrarias basadas únicamente en su legislación interna y no en el derecho internacional, tales como la revisión técnica a camiones que llevan carga boliviana de exportación a los puertos de Arica y Antofagasta —ambos habilitados en el régimen de libre tránsito—, y la restricción del ingreso de vehículos cuya data de fabricación sea más antigua que 2000, y la exigencia de una tarjeta de navegante para los conductores de los camiones.  

UNILATERALIDAD. Alurralde puntualizó que el Tratado de 1904 estableció varias obligaciones para Chile que no estaría cumpliendo, especialmente aquellas que derivan del régimen de libre tránsito cuya regulación está vinculada a acuerdos bilaterales y no solo a la legislación de uno de los dos países involucrados en el pacto. 

 De hecho, el artículo sexto del Tratado de 1904 establece que “Chile, reconoce a favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico (y que) ambos gobiernos acordarán, en actos especiales, la reglamentación conveniente para asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales, el propósito arriba expresado”.  

“No puede Chile tomar medidas de carácter unilateral (...). Este irrespeto flagrante al artículo 6 del Tratado de 1904 también ha sido expuesto y por eso hemos exigido que se levanten todas las medidas de carácter unilateral basadas solo en la legislación chilena”, sostuvo el Vicecanciller.
Fuente: la razón

Noticias de Bolivia, 06 de febrero 2015

La Cámara de Diputados aprobó, ayer miércoles, la Ley 003/2015 que establece la expropiación de 20 hectáreas de aguas termales en el municipio de Paria, provincia Cercado de Oruro. Se declara a esa región “Centro Natural de Aguas Termales”.  

La norma, que fue derivada al Senado, explica que la acción está destinada a la implementación de centros que cumplan funciones terapéuticas medicinales, tradicionales, culturales, turísticas, recreacionales y sociales.  

Al respecto, la ministra de Salud, Ariana Campero, explicó que la utilización de aguas termales para tratamientos terapéuticos medicinales, en conjunción con tratamientos médicos habituales, es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

“Está considerada la balneoterapia, la cual es una combinación de la hidroterapia, es decir el tratamiento de agua para diferentes patologías; estas terapias alternativas de salud están dirigidas principalmente a una población con discapacidad”, precisó la autoridad.  

El Proyecto de Ley establece que el Ministerio de Salud, Culturas y Turismo procederá a la identificación o ubicación y determinación de la superficie de los bienes inmuebles necesarios para proceder a su expropiación.  

Realizada la identificación emitirá la resolución ministerial correspondiente, que será notificada a los propietarios, quienes tendrán un plazo de 10 días hábiles a partir de su notificación para acreditar su derecho propietario y presentar su avalúo.  

Los ingresos provenientes por el uso tradicional, terapéutico medicinal, turístico y de recreación de las aguas termales de Obrajes serán destinados a la sostenibilidad del proyecto a ser implementado.
Fuente: El Deber

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