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"La Ley no tiene efecto retroactivo, es para lo venidero, y está dirigida a afectar fortunas mal habidas de narcotraficantes, contrabandistas y corruptos", dijo Carlos Romero, ministro de Gobierno, en conferencia de prensa esta mañana.
También aclaró que no se modificó hasta en un 60 por ciento la norma, como había sostenido la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado y garantizó que el Gobierno está dispuesto a dialogar con todos los sectores a fin de explicar los alcances de la Ley.
"No se puede decir que la norma fue modificada en un 60 por ciento, porque una norma que es modificada en un 60 por ciento ya dejaría de ser una iniciativa del Ejecutivo, pasaría hacer una iniciativa del parlamento. Si la ley habría que modificarla en ese porcentaje, entonces habría que hacer otro proyecto de Ley, yo creo que no ha dimensionado bien la presidenta de Diputados (Rebeca Delgado)", manifestó Romero.
La autoridad lamentó que ayer algunos sectores hayan iniciado una campaña de distorsión sobre el contenido del proyecto, en base a una supuesta afectación al patrimonio de los comerciantes y transportistas.
Explicó que los cuatro aspectos centrales de la Ley establecen que debe existir un proceso penal instaurado con base a una investigación previa, en la colección de una pruebas pre constituidas que vinculan a alguien con el narcotráfico, o, el contrabando, la corrupción pública o la legitimación de ganancias ilícitas.
Indicó que existe un periodo de 10 días en caso de que sea un delito flagrante y de 15 días en caso de delito no flagrante para que el acusado pueda presentar sus descargos ante la autoridad competente, a ello se suma que si la persona está en un lugar alejado de donde se presentó la denuncia, se le dará el plazo correspondiente para que pueda presentarse y defenderse.
En los sectores hay rechazo al proyecto de ley porque se maneja la información de que el plazo sería de cinco días para probar el origen legal de una casa o un vehículo de los acusados de contrabando o narcotráfico. Los legisladores analizan subir a 20 días.
Representantes del sector gremial protestaron ayer por las calles de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz en contra de la norma, y establecieron un plazo de 72 horas para que el Gobierno deje sin efecto el proyecto, caso contrario amenazan con iniciar bloqueos de carreteras.
Rechazo. La ley permitirá al Estado confiscar un bien si en el mismo la Policía descubre contrabando o drogas pertenecientes a terceros. La investigación será hecha sobre bienes con un valor mayor a $us 10.000, según el proyecto.
EL DEBER digital
Publicado el 31 deoctubre del 2012
