Originarios de Perú y Panamá se movilizan en defensa del medio ambiente y el agua

Varios pueblos de Perú iniciaron el 1 de febrero la Gran Marcha Nacional del Agua, iniciativa en apoyo a las comunidades indígenas afectadas por los proyectos mineros en Cajamarca, al norte del país; mientras en Panamá, un indígena murió el domingo en un enfrentamiento entre fuerzas antimotines y grupos étnicos que bloquearon vías en el oeste del país, en protesta contra proyectos hidroeléctricos y de minería en sus territorios.

"En efecto tenemos el informe que ustedes han dado de un muerto. Las unidades antimotines tienen solo el equipo para control de multitudes y no armas letales, por lo tanto esa persona no pudo haber muerto por ningún tipo de disparos", dijo el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, según la publicación del portal de Univisión.

Las unidades antidisturbios disolvieron con gases lacrimógenos las protestas que mantenían durante seis días cientos de indígenas en distintos puntos de las provincias de Veraguas y Chiriquí, en el oeste, donde estaban bloqueadas con árboles y piedras las vías de acceso estratégicas.

En tanto, la movilización en Perú es en contra de la privatización del agua, la no intervención en las cabeceras de cuencas y glaciares, además por el reconocimiento del acceso al agua como un derecho fundamental, indica el sitio eldiario.com.ec.

Para ello, los peruanos reclaman a las autoridades nacionales la protección urgente del agua y provisión de un conjunto de instrumentos de política ambiental, como la gestión adecuada de recursos hídricos, ordenamiento territorial y la moratoria de concesiones.

Las organizaciones sociales, colectivos indígenas y ecologistas que convocan a la marcha convergen en que la pelea por el agua y los recursos hídricos es una lucha contra el modelo económico neoliberal que tuvo un vigoroso impulso durante el gobierno reciente de Alan García.

En Perú, 148 conflictos referidos al agua están activos y 67 latentes. La región oriental de Puno ocupa el primer lugar con 20; le siguen Ancash, Cajamarca y Cusco con 16. De estos conflictos sociales el 55% se refieren a conflictos por actividades extractivas y pasivos ambientales.

Estos conflictos ocurren luego de que empresas mineras (formales e informales) y de hidrocarburos pretenden ingresar o ingresan a territorios de comunidades campesinas quechuas, aymaras y amazónicas, sin respetar el derecho a la consulta, el medio ambiente, la cosmovisión andina y los recursos naturales indispensables para la sobrevivencia de los pueblos andinos.

El segundo semestre del 2011, en el norte de Perú, región de Cajamarca, ya se vivieron violentos enfrentamientos entre comunidades campesinas e indígenas y el proyecto minero Conga, que afecta a las cabeceras de cuenca y el agua de la zona.

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