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El jefe del opositor MSM, Juan del Granado, ratificó ante la Fiscalía su denuncia contra el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y jefes policiales por la represión a marcha indígena y entregó más documentos que respaldarían su denuncia de sobreprecio en el contrato suscrito entre OAS y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para la construcción de la carretera Beni –Cochabamba.
El fiscal asignado al caso Marco Antonio Vargas informó que Del Granado fundamentó y respondió a diferentes dudas de los investigadores sobre las dos denuncias que presentó. “Se le preguntó si conoce y sabe de las listas de las supuestas víctimas de los hechos y si sabe quién es el propietario del bien inmueble que se habría allanado en Yucumo, él ha manifestado que va hacer llegar la lista de las víctimas y otros datos”, dijo.
“Le hemos reiterado que vamos a continuar con el enjuiciamiento, vamos a juntar mayores pruebas pero sobre todo le hemos pedido que requiera bajo conminatoria a todas las instituciones del Estado que remitan los documentos originales para finalmente establecer quiénes son los responsables de estos delitos”, manifestó Del Granado, tras prestar su declaración.
El dirigente político informó que entregó a la Fiscalía documentación del mismo Viceministerio de Inversión Pública, que estableció el 2008 un presunto sobreprecio de al menos 100 millones de dólares en la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.
“Cabalmente del 30 por ciento que hablábamos equivales a 100, 7 millones de dólares que no está justificado, según el Viceministerio. Ahí está una parte fundamental del sobreprecio”, señaló del Granado a tiempo de informar que entregó los estudios e informes técnicos realizados por la Sociedad de Ingenieros de Cochabamba que detectan el sobreprecio e ilegalidades en la adjudicación de OAS.
Para el ex aliado del presidente Evo Morales, una de las irregularidades es que la empresa brasileña no cumplió con los requisitos para adjudicarse la obra toda vez que OAS suscribió el contrato en agosto del 2008 y el contrato de financiamiento fue firmado dos años y medio después cuando esto debería de ser de forma simultánea.
Fuente: Opinión
El fiscal asignado al caso Marco Antonio Vargas informó que Del Granado fundamentó y respondió a diferentes dudas de los investigadores sobre las dos denuncias que presentó. “Se le preguntó si conoce y sabe de las listas de las supuestas víctimas de los hechos y si sabe quién es el propietario del bien inmueble que se habría allanado en Yucumo, él ha manifestado que va hacer llegar la lista de las víctimas y otros datos”, dijo.
“Le hemos reiterado que vamos a continuar con el enjuiciamiento, vamos a juntar mayores pruebas pero sobre todo le hemos pedido que requiera bajo conminatoria a todas las instituciones del Estado que remitan los documentos originales para finalmente establecer quiénes son los responsables de estos delitos”, manifestó Del Granado, tras prestar su declaración.
El dirigente político informó que entregó a la Fiscalía documentación del mismo Viceministerio de Inversión Pública, que estableció el 2008 un presunto sobreprecio de al menos 100 millones de dólares en la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.
“Cabalmente del 30 por ciento que hablábamos equivales a 100, 7 millones de dólares que no está justificado, según el Viceministerio. Ahí está una parte fundamental del sobreprecio”, señaló del Granado a tiempo de informar que entregó los estudios e informes técnicos realizados por la Sociedad de Ingenieros de Cochabamba que detectan el sobreprecio e ilegalidades en la adjudicación de OAS.
Para el ex aliado del presidente Evo Morales, una de las irregularidades es que la empresa brasileña no cumplió con los requisitos para adjudicarse la obra toda vez que OAS suscribió el contrato en agosto del 2008 y el contrato de financiamiento fue firmado dos años y medio después cuando esto debería de ser de forma simultánea.
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