La Alianza Cívica Nacional, conformada por los comités cívicos de los departamentos de Pando, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Beni, resolvió la víspera, en la capital valluna, defender la Ley Corta que protege a la reserva ecológica.
El presidente del Comité Cívico de Beni, David Coca, fue el encargado de anunciar que impulsarán una movilización nacional en defensa de la Ley 180 que protege al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“El Presidente (Morales) sabe que el hecho de querer borrar con el codo lo que firmó va a significar echarse de nuevo el país encima. El Comité Cívico de Beni va a ser uno de los primeros en salir; después que no venga a decir que es una intentona de tumbarlo y que no se atreva a tocar”, afirmó.
Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció la conformación de una comisión bicamaral de alto nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional que redactará, junto a los dirigentes de los marchistas del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), un proyecto de norma referido al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), protegido por la Ley 180 que lo declara intangible. Mientras que dirigentes de regionales afiliadas a la Confederación de Pueblo Indígenas de Bolivia (CIDOB) advirtieron con una marcha nacional e indicaron “que se atenga a las consecuencias” si el gobierno, a través de su bancada legislativa, aprueba esa iniciativa.
Impuesto a la coca
Además, los dirigentes cívicos de los cinco departamentos pidieron al Gobierno de Morales implementar el impuesto a la producción de la coca legal para que el sector aporte, al igual que otros, al desarrollo del país.
El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Israel Mérida, dijo que “ante la difícil situación económica que enfrenta el país, que imposibilita atender algunas demandas, planteamos la necesidad de crear un impuesto a la coca legal y no a la excedentaria porque todos debemos aportar al desarrollo del país”.
Renuncia a dirigencia cocalera
Además, demandaron la renuncia de Morales, al cargo de presidente de las seis Federaciones Cocaleras del trópico Cochabamba porque consideran incompatible con la función de primer mandatario para que encare una política real para la lucha de la coca excedentaria.
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