El Alto: Inseguridad desata violentos hechos de "justicia por mano propia"

Vecinos de El Alto quemaron vivo a un ladrón al encontrarlo in franganti. Hubo otros casos similares. Ésto reavivó el debate sobre la pena de muerte, aunque el gobierno lo descartó.

El linchamiento del delincuente se produjo el domingo luego de que fuera sorprendido robando una vivienda del barrio Río Seco, informó Jorge Toro, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. La furia de la muchedumbre era tal que hasta incendiaron el vehículo de la Policía en el que se pretendía llevar a la víctima, que murió por las heridas sufridas por el fuego.

"La gente está enfurecida en El Alto. El sábado hubo tres intentos de quemar a otros ladrones", indicó el jefe policial, quien recordó que además dos policías que estaban sin uniforme fueron confundidos con delincuentes y recibieron una paliza en el barrio Santa Rosa.

Este lunes, esa ciudad fue escenario de marchas que exigían al Gobierno y la Asamblea Nacional que apruebe la pena de muerte para violadores y asesinos. Otra movilización tuvo lugar en la capital y estuvo encabezada por campesinos.

"¡Pena de muerte, pena de muerte!", gritaron varias decenas de vecinos indignados en la autopista El Alto-La Paz, principal vía de comunicación entre ambas ciudades, que juntas suman cerca de 1,5 millones de habitantes y donde más de 40 personas han muerto desde enero a manos de criminales.

Los reclamos se han intensificado desde el asesinato, hace una semana, de dos hermanos, ambos periodistas, presuntamente a manos de cogoteros, asaltantes que estrangulan a sus víctimas.

Los campesinos aymaras que marcharon hasta el Ministerio de Justicia en La Paz demandaron, en particular, la captura de los autores de la muerte de los hermanos, una mujer y un varón, hijos de una autoridad indígena de una comunidad del altiplano. "Estamos pidiendo justicia", afirmó Nelson Condori, uno de sus dirigentes.

"Estamos plenamente de acuerdo en ir a la pena de muerte", dijo por su parte Franklin Durán, líder del principal sindicato de choferes públicos de Bolivia. Aclaró, no obstante, que primero se debe realizar "un referéndum, para que toda la población, con su voto, le dé legalidad".

Las críticas también se han dirigido a la Policía, que parece incapaz de controlar la delincuencia debido a la falta de recursos.

Pero el gobierno de Evo Morales se opone firmemente a la demanda. "No es la ley del Talión, el 'ojo por ojo', (lo) que va a resolver este tema; no es que debemos responder a la violencia con violencia vecinal; tenemos que responderla con las instituciones y las normas que organizan a un Estado", señaló el ministro de Gobierno, Carlos Romero, al referirse a las protestas. Dijo que esos reclamos muestran "sentimientos de impotencia, vendetta y desesperación".

Romero reconoció que "es un momento crítico" y que la seguridad ciudadana "es una tarea pendiente", pero pidió a la población no recurrir a "acciones que igualmente configuran delitos".

El cardenal católico Julio Terrazas también ha rechazado las peticiones populares de pena máxima, arguyendo que "la muerte no soluciona a la muerte".

La Constitución vigente prohíbe la pena de muerte y la sanción máxima es la de 30 años de cárcel.

Fuente: AFP-EFE-DPA