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El ministro de Gobierno, Carlos Romero, planteó ayer que para dialogar sobre la intangibilidad del TIPNIS y el proyecto de carretera, los interlocutores deben ser los 60 corregidores del TIPNIS y las tres organizaciones que representan al territorio.
La propuesta de hablar con los corregidores y con las subcentrales TIPNIS, Sécure y Conisur, surgió a raíz de que el Ejecutivo manifestó que no tratará con los dirigentes Bertha Bejarano y Adolfo Chávez, a quienes no considera interlocutores válidos debido a las implicaciones que la primera tuvo en un caso de narcotráfico, y a los nexos del segundo con casas de juego.
El ministro Romero dijo que si los marchistas insisten en que Bejarano y Chávez sean sus representantes, “queda el cuestionamiento ético contra ambos”.
Lo que preocupa al Gobierno, señaló, es que ambos dirigentes no garantizan que los acuerdos que se tomen con ellos sean sostenibles en el tiempo, por la oposición que tienen dentro de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).
De ahí que el Ejecutivo insiste en que el diálogo sobre el TIPNIS y sobre la carretera sea con los corregidores de la zona.
Para otros “temas transversales” que afectan a todos los pueblos indígenas representados en la Cidob, Romero indicó que los interlocutores deben ser las 13 regionales que la integran.
Acusación.
Romero mostró documentación de que Bertha Bejarano fue sentenciada por narcotráfico en Brasil y de que el presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, estuvo ligado a negocios con casas de juego. Con relación a Bejarano, el ministro dijo que “sobre esa dirigente pesa una sentencia de narcotráfico. Imagínense ustedes (dirigiéndose a la prensa) que el Presidente (Evo Morales) vaya a sentarse con una persona de estas características. Estaríamos sujetos a una serie de problemas de la comunidad internacional”.
Luego denunció a Chávez por recibir $us 30 mil por licencias de funcionamiento de casas de juego. “Recibe 30 mil dólares para gestionar la licencia de funcionamiento de la sala de juegos Bingo Bahiti.
Todo esto está documentado”, enfatizó Romero. “No queremos debatir sobre narcotráfico, casas de juego o venta de madera, queremos solucionar los problemas del TIPNIS”, remató el ministro.
“El tema acá es orgánico, no personal”, respondió Bejarano a La Razón. Ayer, la dirigencia de la IX marcha rechazó las denuncias.
El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, dijo que el ministro “no es quién” para poner condiciones sobre quién participa en el diálogo. “No estamos diciéndoles ‘este ministro viene a conversar y éste no’”, alegó Vargas.
Bejarano reconoció que en Brasil, en 2007, fue detenida por narcotráfico, pero insistió en que no tuvo ninguna condena.
Hasta el cierre de la presente edición, este medio no pudo comunicarse con el dirigente Adolfo Chávez.
Cerco a La Paz si siguen las marchas
Advertencia
La Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari anunció que los movimientos sociales del área rural realizarán un cerco a la sede de gobierno si persisten las presiones contra el proceso de cambio que lleva adelante el presidente Evo Morales. “Compañeros, cerco a La Paz si sigue la presión contra el proceso de cambio del hermano Evo”, sostuvo Julio Salinas, secretario ejecutivo del sector, en la asamblea que la organización campesina efectuó ayer en La Paz, antes de que sus afiliados retornen a sus comunidades.
García: La derecha se opone a la carretera
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que los políticos de derecha son los responsables de la oposición indígena a la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Afirmó que la consulta es un derecho constitucional nacional e internacional.
“Los políticos son los que no quieren que Bolivia esté unida.
La carretera (por el TIPNIS) es para unir a Bolivia”, remarcó García durante un acto denominado en “Defensa de la Democracia”, organizado por movimientos sociales en el Coliseo Cerrado de La Paz.
García aseguró que también se oponen a la carretera los “madereros y lagarteros”, que perderían sus beneficios económicos.
“No quieren presencia del Estado. Ese es su chaco, su hacienda. Hacen su agosto en el TIPNIS, y cuando el Estado quiere entrar, salen estos falsos izquierdistas que se han convertido en la avanzada de la derecha fascista separatista”, sentenció.
Recordó que en 2011 se planteó una Ley de Consulta en el parque Isiboro Sécure, y añadió que el Gobierno acatará cualquier decisión que los pueblos indígenas asuman con relación a la vía.
Convocó a dar forma a una Ley General de Consulta.
Ya hay que pensar en un ‘mediador’ - Marcelo Silva
Por lo delicado del tema y, además, por la falta de credibilidad que se tiene en el Gobierno en este tema (no olvidemos las circunstancias de la aprobación de la Ley 222), es necesaria la presencia de un ente mediador, que debería estar compuesto por instituciones nacionales como el Defensor del Pueblo, que tuvo una actitud muy imparcial en el caso de la represión de Chaparina.
Creo que también deberían participar como observadores instituciones internacionales, como Naciones Unidas.
La única forma de garantizar no el diálogo, porque éste puede instalarse en cualquier momento, pero sí garantizar acuerdos que luego no puedan borrarse ni significar una marcha atrás, es con la participación de estas organizaciones internacionales.
En cuanto a los escollos, el primer problema es la abrogación de la Ley 222. Por lo que se escucha entre asambleístas y autoridades del Gobierno, no hay predisposición para abrogar la 222, que es lo que pide la marcha.
Lo ideal es buscar rutas alternativas para la construcción de la carretera. Es una salida que el Gobierno se empeña en cerrar.
Por el lado de los pueblos indígenas, éstos deben mostrar una vez más su buena predisposición política a la negociación, al diálogo. Por este lado, las partes podrían ir al diálogo con propuestas alternativas a la carretera por el TIPNIS. Un gran argumento que pueden usar es que el TIPNIS es una reserva nacional y como tal no puede ser vulnerada.
La Razón
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