Tras el rechazo de policías de base al acuerdo firmado entre el Ejecutivo y dirigentes de la Anssclapol, el Gobierno aceptó ayer reabrir la negociación con nuevos representantes del sector para tratar cinco demandas. La reunión empezó a las 23.45 y seguía al cierre de esta edición.
El nuevo pliego fue difundido en la tarde, en una conferencia de prensa de los representantes de la Anssclapol (Asociación de Sargentos, Clases y Policías) en el frontis de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). La interlocutora de los policías, suboficial Esther Corsón, quien representa a los policías de La Paz, ratificó los cuatro puntos del anterior pliego: nivelación salarial a la par de los sueldos que reciben los militares; jubilación con el 100%, abrogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario; y creación de la Defensoría Policial, a los que se sumó la exigencia de garantías para los policías que se encuentran amotinados.
“Queremos ir al diálogo con los cinco puntos que se han mantenido, para solucionar de una vez este problema, porque los policías no queremos golpe de Estado, queremos trabajar para nuestra sociedad”, dijo Corsón, en respuesta a las acusaciones de afanes golpistas lanzadas por autoridades del Ejecutivo en el día.
La dirigente señaló que la Policía quiere trabajar y descartó intereses políticos. A pesar de la denuncia del Ejecutivo, cerca de las 21.00, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aceptó el planteamiento de la nueva comitiva de negociación, cuando antes había adoptado la postura de aceptar sólo el acuerdo de ocho puntos logrado la jornada del domingo con el dirigente Édgar Ramos, quien ayer fue desconocido por las bases.
“Esta disposición del Gobierno nacional representa nuevamente un intento objetivo de frenar una escalada de violencia y confrontación en el país”, expresó Romero, en el Palacio Quemado. La apertura a volver a negociar con nuevos dirigentes de los policías amotinados se dio para de evitar víctimas fatales por enfrentamientos callejeros que, según mencionó, estarían buscando grupos que sobrepasan su misión constitucional.
Los nueve representantes departamentales, a decir de Corsón, gozan de legitimidad, ya que fueron elegidos en sus regionales y estarían habilitados para llevar adelante el diálogo, en el que descartaron la presencia del suboficial Édgar Ramos, máximo dirigente de la Anssclapol, quien fue tachado de “traidor” de los policías por el acuerdo anterior.
Ramos pidió disculpas a sus camaradas por el “error” que habría cometido al firmar el acuerdo, sostuvo que lo hizo porque su deseo era que no se agrave el conflicto.
“Reconozco como cualquier persona de carne y hueso que pude haber cometido errores, entonces pido disculpas”, señaló ayer en una entrevista radial.Reunión.
Romero aseguró que se respetará a la representación que acrediten los dirigentes de Anssclapol en sus niveles departamentales o en su nivel nacional. Mostró disposición a que también participen de la negociación representantes de las esposas de los policías o veedores.
La reunión se inició en el Viceministerio de Régimen Interior, luego de que en la tarde se conoció un pronunciamiento del Comando General, en el que la cúpula policial expresó que reconocen las justas demandas de reivindicación de los policías.
En el encuentro participaron cerca de 33 delegados de los policías, Romero, el ministro de Economía, Luis Arce, el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, y el comandante de la Policía, coronel Víctor Maldonado. Anoche, un rumor sobre la toma de una refinería en Santa Cruz. por parte de policías, hizo que choferes llenen las gasolineras en la capital oriental en demanda de combustible.
El ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, garantizó el normal abastecimiento del energético.
Acusaciones por la firma de acuerdo
Ramos
El presidente de la Asociación Nacional de Sargentos Clases y Policías (Anssclapol), Édgar Ramos, acusó a la dirigente de esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, de querer sacar beneficio personal con el conflicto.
Agregó que la representante aceptó firmar el acuerdo con el Gobierno que luego rechazaron las bases.
Cárdenas
La dirigente Cárdenas, en respuesta, sostuvo que Ramos “pertenece” al MAS y denunció que el líder de la Anssclapol recibió la oferta de ser alcalde de Achacachi, a cambio de que suscriba el acuerdo con el Ejecutivo para dar fin al motín en la Policía.
Golpean a miembros de sectores sociales
Durante el quinto día del motín policial, ayer, se registraron acciones violentas, tanto en cercanías de la plaza Murillo como en los tramos que recorrió la marcha de los policías movilizados. El “kilómetro cero” estuvo tomado por los policías de base, quienes impidieron el paso de cualquier persona que se mostrara o pareciera afín al Gobierno.
Encapuchados y provistos de palos, protagonizaron amagos de enfrentamientos después de conocer de que los movimientos sociales se organizaban “para defender el proceso de cambio” que aseguran que está amenazado por la movilización policial.
En la mañana interceptaron a gente que vestía ponchos y, tras quitárselos, los quemaron. Un camarógrafo de Legislativa Tv fue sacado a empujones y golpes de la plaza central de la ciudad.
También se registró el respaldo de otros sectores a la Policía. Luis Larrea, del Colegio Médico, llegó a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) con medicamentos para atender los resfríos y el dolor de cabeza que padecen algunos de los movilizados.
Larrea ofreció un equipo de ocho a diez galenos para que atienda los calambres y otras dolencias, a manera de cerrar la confrontación que se habría gestado en la movilización de los médicos en rechazo de las ocho horas de trabajo.
Isidro Huancollo, secretario de Conflictos de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve), hizo llegar un voto resolutivo de apoyo a la movilización. No faltó la adhesión de más oficiales de la Policía a la movilización, como el de la coronel Rosario Chávez, quien acompañó a la marcha de la tarde que se desplazó al Comando General y luego se dirigió a Radio Patrullas 110, que fue tomada simbólicamente y de donde sacaron una patrulla que abrió paso por El Prado.
UN niega afán golpista; MSM habla de ‘paranoia’
El diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro descartó que su organización política esté detrás de afanes golpistas contra la gestión de Evo Morales, como denunciaron autoridades gubernamentales. “Con el apoyo de la gente, Unidad Nacional será gobierno, pero nunca en afanes golpistas, nunca en afanes desestabilizadores”, respondió Navarro, según un despacho de la agencia ANF.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, denunció que el excandidato a una diputación por UN Juan Carlos Soraide repartió armamento a los policías amotinados en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).
Por su lado, el jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, dijo este lunes que duda “absolutamente” de las denuncias de golpe de Estado hechas por diferentes autoridades gubernamentales y afirmó que no hay indicios de este hecho detrás de las movilizaciones y motín policial iniciado el jueves anterior.
“No existen tales aprestos golpistas, por tanto, lo que tenemos es una peligrosa paranoia golpista del Gobierno o al menos una peligrosa y densa cortina de humo que pretende encubrir y tapar el desprestigio, el desgaste gubernamental, con motivo de su ineficiencia, con motivo de su improvisación y con motivo de su autoritarismo”, sentenció Del Granado.
A tiempo de pedir al MAS que “de inmediato” convoque a los “genuinos representantes policiales”, pide que los policías “dejen de lado cualquier tipo de acción violenta que perjudique a la comunidad, instituciones y bienes”.
Fuente La Razón
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