Jindal Steel Bolivia se ve envuelta en un lío judicial

Empresa. El dueño del edificio Tacuaral dijo que lleva 12 juicios contra la siderúrgica. El próximo lunes habrá audiencia cautelar por estelionato. La firma no brinda detalles.

La empresa Jindal Steel Bolivia, que prometió inversiones por $us 2.100 millones en el país, pero que al fallar en el avance del proyecto perdió $us 36 millones en boletas de garantía, ahora se ve envuelta en un lío judicial por la supuesta apropiación indebida del edificio Tacuaral, que ahora ocupa, y por dejar de pagar 42 meses de alquiler.

Óscar Moreno, propietario del edificio Tacuaral, dijo que tenía contrato con los ejecutivos de Jindal, Arvind Sharma y de GTLI, Luis Carlos Kinn, para la venta del edificio en cerca de $us 3 millones, y que le dieron $us 800.000 de garantía. Sin embargo, al incumplir el acuerdo solicitó que le devolvieran las oficinas que ocupan (segundo y cuarto piso), pero se negaron. La justicia resolvió que el dinero quede como la indemnización por daños y perjuicios.

Afirmó que los representantes de Jindal y GTLI no pagan alquileres, gastos comunes, ni expensas desde hace 42 meses, lo que genera una deuda de $us 380.000 hasta la fecha.

En su afán de desalojar a los ocupantes, Moreno lleva 12 juicios contra los ejecutivos de Jindal desde hace tres años. Consultado sobre las razones por las que esperó tanto tiempo para denunciar la situación, afirmó que recibió amenazas y que Sharma lo amedrentó indicando que tenía buenas relaciones con autoridades del Gobierno.

Acerca del estelionato, el dueño del edificio Tacuaral sostuvo que tanto Sharma como Kinn se declararon propietarios del inmueble y se alquilaron mutuamente las oficinas. Sin embargo, la Corte de Distrito de Santa Cruz ratificó que Moreno es el dueño.

A su vez, el abogado de Moreno, Luis Fernando Calvo, precisó que cuando la Corte Suprema reconoció que Sharma y Kinn no son los dueños, la Fiscalía los imputó por falsedad ideológica y estelionato. “Fue entonces que Sharma llegó al extremo de querer coimear al policía investigador, pero fue denunciado por cohecho”, explicó.

Además, Calvo dijo que en el transcurso de los últimos meses ha visto cómo dilatan los juicios. En el proceso de desalojo, que ganaron en primera instancia, ellos apelaron y el juez anuló la sentencia pidiendo que se cite a Vikrant Gujral en su domicilio, es decir, en la India.

Así, para ayer estaba prevista una audiencia cautelar en la que se definiría el futuro de Sharma y Kinn, pero debido a que hubo varios detenidos el fin de semana, fue postergada para el lunes 11 en el juzgado quinto cautelar en lo penal.

Se llamó a Sharma y Kinn, pero no contestaron a sus teléfonos móviles. Consultado Jorge Gallardo, asesor legal de la Jindal, no quiso dar detalles y se limitó a indicar que enviarían una nota de prensa. “Con relación a las declaraciones de un abogado que señala que Jindal no paga los alquileres de sus oficinas, tenemos a bien aclarar que el tema en mención es un asunto que se encuentra en litigio ante un juez, siendo esta instancia la única autoridad para opinar respecto al resultado del caso”, señala la empresa.

Se trata de delitos de fraude

José Ernesto Aponte | Abogado y analista jurídico

El estelionato es el delito de vender alguna cosa como propia, una cosa litigiosa (que está en pleito) o algo que está gravado (hipotecado), es un delito de fraude porque es un engaño que se hace a la otra parte. Se vende, se arrienda o se da en anticrético un inmueble que no es propio y que no se está autorizado para ello. La pena es de uno a cinco años de cárcel, porque es un delito doloso, lo que quiere decir que se hace con intención, con pleno conocimiento del fraude.

En el caso de Jindal, ellos no debían alquilar si no estaban autorizados, porque todavía no eran los propietarios del inmueble. Sin embargo, hay que analizar el contrato para poder decir si es que fallaron o no para ser lo más objetivos posibles.

Sobre la falsedad, hay ideológica y material, es cuando en algún documento se incorpora algo que es falso. La falsedad ideológica es insertar en un documento público declaraciones que son falsas, también son delitos dolosos que se hacen con mala intención. Un documento es público cuando una minuta privada es protocolizada por un notario de fe pública, cuando lo transcribe le otorga una copia y es una escritura pública. La sanción es de uno a seis años.

El cohecho activo se refiere a quien diere u ofreciere dádivas a un funcionario público o a una persona encargada de un servicio público en general, para que haga u omita un acto relativo a sus funciones y deberes. En caso de encontrar culpabilidad, el acusado es sancionado con la privación de libertad de tres a ocho años.

ESM demanda más seriedad a la compañía

El miembro del directorio de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Emilio Rodas, pidió seriedad a la empresa Jindal Steel Bolivia (JSB) en la relación contractual sobre la explotación del megayacimiento de hierro de Mutún, ubicado al sudoeste del país.

“La Jindal tiene que tomar una posición seria, vamos o no vamos con el proyecto, no se puede engañar a la gente; la gente espera mucho de esta relación contractual”, indicó a los medios.

Rodas consideró que la Jindal aún no da señales concretas de querer continuar en el país, pese a las facilidades que el Estado boliviano y la ESM dieron a la empresa india para que realice la explotación e industrialización de hierro en el yacimiento de Mutún./ABI

- Conflicto. Jindal firmó un contrato para comprar el edificio Tacuaral de cerca de $us 3 millones, pero solo abonó $us 800.000. La Corte Superior de Distrito de Santa Cruz determinó que ese dinero que se entregó como seña quedara en poder del propietario Óscar Moreno, por daños y perjuicios.

- Alquileres. El Consulado de la India y el consultorio médico de Jindal deben 42 meses, por lo menos $us 50.000 cada uno. La firma GTLI (socia de Jindal) adeuda más de $us 140.000 y Jindal otros $us 140.000, en total son $us 380.000, según el propietario del inmueble.

- Procesos. El dueño del edificio Tacuaral, en Equipetrol Norte, lleva 12 juicios contra Jindal y su socio Luis Carlos Kinn, gerente de GTLI, por los delitos penales de estelionato, falsedad ideológica, despojo, desalojo y otros.

El Deber