El ampliado nacional de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia realizado hoy determinó no asistir a la reunión tripartita convocada por el gobierno nacional, mientras que los mineros cooperativizados desistieron de ingresar al distrito minero de Colquiri para evitar enfrentamientos.  
“No vamos a asistir (a la convocatoria), la respuesta que tiene que darnos el gobierno en concreto es sobre la reversión total del yacimiento de Colquiri, sino (ocurre aquello) vamos definir las acciones a tomar en el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana en Cochabamba (este viernes)”, sentenció el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Miguel Pérez.  
En Caracollo, luego de realizada una asamblea de emergencia, los mineros de la cooperativa 26 de febrero decidieron no ingresar a Colquiri en respuesta al pedido del Ministro de Gobierno, Carlos Romero.  
“Hemos hecho el análisis del pedido del Ministro de Gobierno sobre deponer actitudes para evitar enfrentamientos (…) se va a desmovilizar la gente y esperamos que las autoridades que están allá (en Colquiri), el Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, el Ejército y la Policía resguarden y que no haya más presión de ningún lado”, declaró el presidente del comité de vigilancia de la cooperativa 26 de Febrero, Basilio Montaño. 
 Resolución de los asalariados El ampliado nacional de los mineros asalariados mantiene su determinación de exigir al gobierno la reversión del cien 100 por ciento del yacimiento minero de Colquiri, que debe concretar mediante un decreto supremo, para que sea explotado por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).  
Al mismo tiempo reitera el pedido de renuncia del ministro de Minería, Mario Virerira, del presidente de la Comibol, Héctor Córdova, el gerente Técnico, Jorge Collazos y del director de Comibol, José Pimentel.  
El ampliado declaró mártir a Héctor Choque, minero caído en la ciudad de La Paz tras el ataque a la sede de la Federación de Trabajadores Mineros por cooperativistas. También dan un plazo de 30 días al gobierno para la elaboración de una ley corta contra el avasallamiento.  
Piden conocer la demanda de los 13 puntos de los cooperativistas para participar también de esa decisión.  
Exigen la culminación de la ley minera para contar con una normativa que regule la entrega de áreas de explotación. “No aceptamos que nuestra reserva fiscal sea entregada al sector cooperativo y por eso estamos en emergencia”, dijo. 
Erbol 
La Paz, 20 septiembre 2012

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