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La Paz, 22 Ago (Erbol).- Los requerimientos fiscales dirigidos a las empresas de telefonía fueron emitidos por el fiscal paceño Félix Peralta para obtener el extracto de las llamadas realizadas entre representantes indígenas y un funcionario de la embajada de Estados Unidos, informó hoy el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
“Todo fue en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, lo que señala nuestras normas, fundamentalmente el Código de Procedimiento Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Constitución Política del Estado que faculta ese tipo de solicitudes (para obtener extractos de llamadas)”, dijo Llorenti.
Mostró a los medios de comunicación un memorial del Ministerio de Gobierno que se entregó a la Fiscalía la semana pasada y en el mismo se solicita emitir un requerimiento para tener los extractos de las llamadas entre las líneas telefónicas de la Embajada del país del Norte e indígenas.
“Respondiendo a ese requerimiento, que el fiscal emitió, en el extracto de llamada que se proporcionó se encontró un vínculo entre un número de la embajada de Estados Unidos, que corresponde a Eliseo Avelo, con el número que corresponde a Rafael Quispe (dirigente de los Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu)”, agregó.
Una de las llamadas que habría hecho Quispe a la embajada de EEUU está registrado en 17 de agosto, cuando la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Este tipo de llamadas, según el extracto, se realizaron en varias oportunidades entre Quispe y la embajada de EEUU. “Pero de ningún modo se trata de un pinchazo telefónico, sino de una investigación que se realizó, como es nuestra obligación”, enfatizó.
También se identificó una llamada de la esposa de Adolfo Chávez (dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) con el diputado Pedro Nuni.
Por ello se convocará desde “la Cancillería al representante de la Embajada a explicar esos contactos con gente involucrada con esta movilización política”, puntualizó Llorenti.
“Todo fue en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, lo que señala nuestras normas, fundamentalmente el Código de Procedimiento Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Constitución Política del Estado que faculta ese tipo de solicitudes (para obtener extractos de llamadas)”, dijo Llorenti.
Mostró a los medios de comunicación un memorial del Ministerio de Gobierno que se entregó a la Fiscalía la semana pasada y en el mismo se solicita emitir un requerimiento para tener los extractos de las llamadas entre las líneas telefónicas de la Embajada del país del Norte e indígenas.
“Respondiendo a ese requerimiento, que el fiscal emitió, en el extracto de llamada que se proporcionó se encontró un vínculo entre un número de la embajada de Estados Unidos, que corresponde a Eliseo Avelo, con el número que corresponde a Rafael Quispe (dirigente de los Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu)”, agregó.
Una de las llamadas que habría hecho Quispe a la embajada de EEUU está registrado en 17 de agosto, cuando la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Este tipo de llamadas, según el extracto, se realizaron en varias oportunidades entre Quispe y la embajada de EEUU. “Pero de ningún modo se trata de un pinchazo telefónico, sino de una investigación que se realizó, como es nuestra obligación”, enfatizó.
También se identificó una llamada de la esposa de Adolfo Chávez (dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) con el diputado Pedro Nuni.
Por ello se convocará desde “la Cancillería al representante de la Embajada a explicar esos contactos con gente involucrada con esta movilización política”, puntualizó Llorenti.
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