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En tanto para el gobierno central el rechazo indígena a la construcción de esta vía está motivado por: fuerzas políticas de derecha, la prensa, la Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) e interés foráneos. La propuesta, que será entregada a las Gobernaciones de Cochabamba y Beni, tiene el objetivo de que este tramo carretero bordee el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“Después de un estudio técnico que hemos realizado, lo que le estamos planteando al gobierno es que no se dañe la biodiversidad, de que se pueda construir la vía alterna que lo único que incrementaría serían 26 kilómetros al tramo ya realizado”, explicó el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Israel Mérida.
En el documento se establece que una empresa extrajera sea la que estudie el impacto medioambiental que conllevaría la construcción de esta carretera, “de manera tal que se pueda dar a ellos las garantías de que no se va a dañar el corazón del TIPNIS”, sostuvo el dirigente.
La propuesta de desvío fue realizada con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, quienes dieron a conocer que este desvío tendría un costo aproximado de 40 millones de dólares.
“La carretera con el pavimento va a costar 450 millones de dólares, el agregar 26 kilómetros, primero en tiempo es media hora, en costo de construcción pueden ser unos 40 millones de dólares”, especificó el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Gonzalo Maldonado.
Al respecto, el coordinador nacional de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Edwin Alvarado, ponderó este proyecto de desvío, ya que el mismo permitiría “lograr la ansiada integración y la vinculación caminera”.
“Los costos se incrementarían naturalmente, que es lo que no están queriendo señalar (desde el Gobierno). Los costos en el corto plazo se incrementarían porque necesitaríamos más construcción de infraestructura dura como puentes, y no están considerando los costos de largo plazo”, aseveró.
Además, explicó, que en el TIPNIS existen dos áreas de extracción hidrocarburífera y que son el Bloque Chispani y el Bloque Secure “que han sido identificadas y concesionadas, y no nos están diciendo que esa carretera es para permitir la actividad hidrocarburífera, sino para permitir la integración”.
“Nosotros les planteamos alternativas para la integración y, aparentemente, no les convence, porque hay otros intereses de los cuales no suelen hablar mucho”, afirmó Alvarado.
También señaló que está el tema del avasallamiento de los colonizadores y que incluso existe una denuncia de los diputados por el Movimiento al Socialismo (MAS), “que los colonizadores están marcando terrenos por donde va a pasar la carretera, van hacer colonización, loteamiento, y tampoco están abordando el tema de que allá está el sector de maderales mejor conservado en el país”.
Desde el punto de vista geopolítico manifestó que se fomentará la actividad de los pequeños y medianos ganaderos del Beni “para traer su ganado sin pasar por Santa Cruz, esto es geopolítica pura. Entonces hay varios intereses que están vinculados”.
Interrogado respecto a la posición del Gobierno de llevar adelante y convocar a una consulta no vinculante, Alvarado da cuenta que desde hace algún tiempo en el “sector hidrocarburífero y minero, ha sido disminuir el derecho a la consulta al derecho a la información simplemente”.
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