Baja la popularidad de Evo Morales

Entre el Gasolinazo de enero y la reciente represión a la marcha indígena, el Presidente de Bolivia perdió apoyo dentro de su base electoral. "El proceso de cambio está herido de muerte", reconoció un legislador oficialista

La huelga, que se extendió a los nueve departamentos bolivianos, se produjo en un momento de fuertes críticas contra el gobierno de Morales, quien vio entre lunes y martes la renuncia de dos ministros a causa de la represión contra los indígenas.

La protesta ha sido "contundente, con todo el coraje y la rabia contra el gobierno, que no ha cumplido los acuerdos con la Central Obrera Boliviana y los indígenas", declaró Pedro Montes, dirigente de la mayor agrupación sindical del país, quien alertó sobre la posibilidad de convocar el viernes una huelga indefinida.

"Los que han ordenado y atropellado a los hermanos indígenas deben ir a la cárcel. Los fiscales y jueces tienen que trabajar en eso", añadió.

La fiscalía general formó una comisión para investigar la acción policial del domingo en la Amazonía boliviana, donde fue dispersada la marcha de los nativos, que llevaban más de un mes marchando hacia La Paz para pedir la suspensión de una ruta en construcción que pasará por la reserva natural del TIPNIS, donde viven 50.000 nativos.

"¡TIPNIS, Bolivia te defiende!", "Evo fascista", "Evo lacayo de las empresas brasileñas" (que deben construir la carretera cuestionada), clamaban los manifestantes en eslóganes y banderolas en medio de explosiones de bastones de dinamita de los mineros, tradicionales en las protestas obreras.

 En la noche, tras la masiva movilización, Morales pidió perdón a los indígenas amazónicos por la represión policial y les convocó al diálogo para zanjar diferencias.

"Que me disculpen, que me perdonen. No ha habido ninguna instrucción" para que sean reprimidos, aseguró Morales desde la casa de Gobierno. "No ha habido instrucción del presidente" para la acción policial, agregó.

"Quisiéramos nuevamente convocar al diálogo, estamos aquí para seguir dialogando", sostuvo el mandatario, que reconoció que las protestas de este miércoles eran para él "una llamada de atención del pueblo boliviano".

El gobernante señaló el lunes pasado que el proyecto de construcción de la carretera se suspendería hasta que haya una consulta en los departamentos afectados y este miércoles señaló que el TIPNIS, por donde debería pasar un tramo de 177 km de la ruta, "se respeta para que no haya avasallamiento" de colonos y cocaleros, como temen los nativos.

Los aborígenes, que el martes anunciaron que seguirán caminando hasta que el proyecto sea cancelado de manera definitiva, marcharon este miércoles en el poblado de Rurrenabaque, unos 400 km al norte de La Paz, en el marco de la huelga general, constató la AFP.

Las movilizaciones en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, las principales ciudades del país, paralizaron durante varias horas los distintos centros urbanos. Hubo algunas escaramuzas entre indígenas y partidarios del gobierno, pero no pasaron de un intercambio de insultos.

Las fuerzas policiales intensificaron la seguridad en torno al Palacio de Gobierno y de la Vicepresidencia, en el centro de La Paz.

Mientras, por un lado, crecen los cuestionamientos al gobierno, grupos sindicales afines al oficialismo preparan para los próximos días una marcha de respaldo al presidente. Así lo anunció Simeón Jaliri, líder de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el mayor sindicato agrario.

En paralelo, el Congreso boliviano citó a los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y de Obras Públicas, Walter Delgadillo, a una interpelación el viernes para que expliquen las gestiones relativas a la polémica carretera.

Diversos sectores sociales se mostraron además inconformes por considerar insuficiente la decisión de Morales de relevar a su ministro del Interior, Sacha Llorenti, sospechoso de ordenar la represión policial contra los nativos.

Desde una vigilia que indígenas mantienen en la plaza central de Santa Cruz, el dirigente aborigen Emigio Poiche declaró: "Volveremos a creer en el presidente cuando anule la carretera por el TIPNIS".

La Central Obrera Boliviana (COB), ex aliada del gobierno, llamó a una huelga en rechazo a la represión de los indígenas. El paro fue acatado en las principales ciudades y acompañado con masivas marchas, las mayores desde enero cuando el mandatario decretó un aumento en el precio de los combustibles que después derogó ante el rechazo popular.

A diferencia de ocasiones anteriores, el miércoles decenas de miles de manifestantes se volcaron a las calles, en su mayoría sectores populares que antes apoyaban al mandatario y ahora se muestran desilusionados. Mineros hacían detonar dinamita a su paso mientras la columna encabezada por obreros, indígenas, maestros y universitarios se acercaba al centro de La Paz.

"No estoy en contra del gobierno de Evo Morales, pero estoy en contra de cómo ha tratado a nuestros hermanos indígenas. Eso no se hace, somos hermanos todos", decía el minero Mario Alegre mientras la columna de marchistas coreaba: "Evo decía, que todo cambiaría; mentira, mentira, Evo es la misma porquería".

La policía se mantuvo a distancia de los manifestantes y no reportó incidentes. Los agentes reforzaron la vigilancia en la plaza Murillo donde está el palacio presidencial en momentos en que el mandatario y su gabinete analizaban la situación.

Un momento difícil del gobierno

"Evo era un símbolo muy fuerte para mucha gente, encarnaba principios de justicia, de derechos humanos, pero ahora esa gente está desencantada. Evo ya no expresa esos principios. Eso ha cambiado", señaló a la AP Jim Shultz del Centro para la Democracia, una organización no gubernamental con base en Estados Unidos y Bolivia.

Morales llegó al gobierno en enero de 2006 en medio de una prolongada crisis política que derrumbó a los partidos tradicionales. En octubre de 2003 murieron en las calles 63 manifestantes y la revuelta popular obligó a dimitir al gobierno derechista de Gonzalo Sánchez de Lozada.

En 2008 desarticuló un supuesto complot de la derecha para derrocarlo, arrasó en las urnas en cinco elecciones y emprendió audaces reformas como la nacionalización de los hidrocarburos y la sanción de una nueva constitución que consagró un "Estado plurinacional" con más poder para las mayorías indígenas.

Pero su popularidad comenzó a mermar al iniciar su segundo período en enero de 2010 cuando alcanzó 70% de apoyo. En septiembre, en plena crisis por la carretera en la amazonia, su nivel de aprobación cayó a 37%.

El mandatario se tornó desconfiado, arrogante y contradictorio, según analistas. Aunque con frecuencia asegura que gobierna obedeciendo al pueblo, ignoró los reiterados pedidos de los indígenas que rechazan la construcción de la carretera de 300 kilómetros que atravesará el corazón del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para vincular los valles interandinos en el centro con la amazonia en el norte. La reserva es hogar de tres etnias y los nativos temen perder su hábitat.

"Morales está viviendo una situación crítica. No creo que vaya a caer porque no hay oposición política. Continuará más débil mientras la oposición social irá creciendo. Sólo le queda reconstruir su gobierno incorporando las voces críticas de las calles", señaló Shultz.

Las disidencias llegaron al Legislativo, dominado por el partido de gobierno. "El proceso de cambio está herido de muerte y tenemos que salvarlo. No podemos convalidar de manera obsecuente y servil con nuestro silencio y nuestro miedo", señaló el senador oficialista Eduardo Maldonado.

Morales ha atribuido el rechazo popular a la influencia de elementos externos. El martes, cuando tomaba juramento a dos ministros, llamó a los sectores sociales a "no ser instrumentos de la derecha que quiere acabar con el proceso de profundas transformaciones estructurales".

El líder de la COB, Pedro Montes, declaró a periodistas que la masiva marcha "es una respuesta al gobierno que no cumple sus compromisos y un repudio a la actitud cobarde contra los indígenas".

En una primera reacción el ministro de Comunicación, Iván Canelas, señaló en rueda de prensa que todavía se está evaluando la protesta y que el gobierno "está dispuesto a dialogar".

Fuente: AFP / EFE