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El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) declaró este jueves la "quiebra técnica" de El Diario, decano de la prensa boliviana, y embargó todos sus bienes por deudas que ascienden a 128 millones de bolivianos, informó Carlos Herrera, gerente jurídico del SIN.
"Este es un amedrentamiento a la prensa libre, esa una decisión política contra El Diario. Esto es arbitrario. Nuestro diario seguirá circulando", respondió Jorge Carrasco Guzmán, ejecutivo del rotativo, cuya oficina central está en la calle Loayza, en pleno centro de La Paz.
El frontis de El Diario luce los precintos de "embargado" por una deuda tributaria que alcanza a $us 128.469.000 desde 2006 a la fecha.
El representante del SIN aclaró que "el embargo es la última acción previa a la clausura y cierre de las instalaciones de El Diario".
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) lamentó la medida del Sistema de Impuestos Nacionales (SIN) en contra del matutino El Diario de ciudad de La Paz, que este jueves sufrió el embargo de sus bienes por una deuda que data supuestamente hace 10 años.
La ANP protestó enérgicamente por la forma y las características de la medida de “embargo”, que pueden ir en perjuicio de las libertades constitucionales.
Mediante un comunicado de prensa, la ANP señala que “sin entrar al fondo de la medida y de las razones administrativas que podrían justificarla, la preocupación se motiva en la eventual consecuencia directa de una medida de esa naturaleza en perjuicio de las libertades de expresión, de información y de opinión, garantizadas por la norma constitucional”.
En ese sentido, se exige de las autoridades correspondientes brinden explicaciones fundamentadas sobre los motivos de la orden de "embargo".
“Silenciar o pretender silenciar a cualquier medio de comunicación, aun bajo el argumento de normas fiscales o administrativas de cualquier naturaleza, constituye siempre un atentado contra el ejercicio libre de derechos ciudadanos que son fundamento básico de la democracia” destaca.
Según la ANP, esta acción parece interpretarse como una medida con fines políticos antes que el cumplimiento a las normas fiscales. Buscar el amedrentamiento o la revancha política contra los medios de comunicación o contra cualquier persona natural o jurídica mediante amenaza de sanciones administrativas atenta contra derechos ciudadanos elementales.
Fuente:Web
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