La marcha de los invisibles y olvidados

Conflicto. Comenzaron su movilización en Trinidad el 15 de noviembre, con 17 personas. Ya recorrieron 284 kilómetros y nadie los atiende, a pesar de su penoso tránsito en silla de ruedas.

A un comienzo no llegué a ver a Patricia Orellana y solo escuchaba su voz preocupada en ese instante negro. La conocí entre Trinidad y Surucusi, en la carretera asfaltada. No la podía ver, pero sí conversar mientras ella avanzaba en su silla de ruedas en una noche sin nada de luna. “Yo soy una de las invisibles”, me dijo, y nos guiábamos por el resplandor que dejaban los vehículos que de a ratos transitaban por esa ruta oscura.

Patricia Orellana (30) es una de las 55 personas con discapacidad que desde el 15 de noviembre empezó a ‘marchar’ desde Trinidad hasta Santa Cruz, para exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación del proyecto de ley sobre el trato preferente para las personas con discapacidad y al Gobierno el pago de un bono que exigen desde hace cinco años, aplicando medidas de presión que van desde toma des instituciones hasta colgaduras con sogas desde los puentes. Anoche descansaron en San Ramón después de haber ‘marchado’ ya 284 km desde Trinidad.

Era jueves por la noche y el objetivo mayor de la medida, me dijo después el presidente de la Federación Cruceña de Personas con Discapacidad, Mario Torrico, es hacer visibles a los hombres, mujeres y niños que el país no ve. “En todo Bolivia hay 32.000 personas registradas con discapacidad. Pero esta cifra solo es el 10% de lo real”, dice y con los dedos de su mano derecha, de la única que tiene (porque la otra la perdió en una explosión dentro de la mina Chorolque de Potosí), hace números. “Por lo menos existen 300.000 a escala nacional con algún problema físico”, y afirma que ese dato no es un invento porque las organizaciones internacionales de la salud estiman que el 10% de la población de un país vive en esas condiciones.

La marcha de los invisibles no encuentra con quien negociar. Ninguna autoridad del Gobierno ni de la Asamblea Legislativa Plurinacional intentó un encuentro con los dirigentes de las personas con discapacidad. Así lo ha denunciado Torrico y lo han corroborado los 55 marchistas.

El diputado masista Edwin Tupa conoce el proyecto de ley que los discapacitados piden que se apruebe. “Se le hizo observaciones a ese proyecto”, indicó Tupa que si bien dijo sentirse preocupado por la salud de los ‘marchistas’, existen otros proyectos de leyes que también aguardan su aprobación. “Quisiéramos que este año se aprueben las leyes más importantes”, enfatizó.

EL DEBER buscó la versión del Poder Ejecutivo. Se comunicó con el Ministerio de Justicia para tener la versión sobre este problema, pero el departamento de comunicación no hizo posible el contacto.

El que sí se pronunció fue el defensor del pueblo, Rolando Villena. A través de un comunicado informó de que de forma insistente solicitó al Ministerio de Justicia atención en el tema, pero el argumento recibido por el Gobierno, según se sostiene, es que las demandas son inviables y de imposible ejecución.

En la caravana van siete niños. El representante de la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz, Hernán Cabrera, dice que les pidió no contar con menores de edad en la medida. Pero Torrico respondió: “Es verdad que está prohibido que ‘marchen’ los niños, pero también que se mueran de hambre y por no tener medicamentos.

Las sillas de ruedas se estropean en el asfalto

El asfalto caliente es letal para la silla de ruedas de Carmela Jiménez. Las gomas delanteras de ese aparato que hace las veces de sus pies están picadas como si alguien las hubiera picoteado con tijeras.

En 15 días de caminata por la carretera no solo las gomas se han deteriorado. Otras partes de las sillas también están estropeadas. Es que en varias zonas de esa ruta existen baches que son un ‘veneno’ para esos aparatos rodantes. “La mía está toda destartalada”, dice José Barraga Arrieta, que no puede mover sus pies y con sus dos manos sacude la silla que suena como una bolsa con fierros sueltos.

El proyecto de ley

- Objetivo. Regular el trato preferente para las personas con discapacidad bajo un sistema de protección integral, tendientes a asegurarles una vida digna, a través de la atención médica, rehabilitación física, síquica, social, económica y profesional.

- Beneficio. Se entiende por trato preferente a las acciones integradoras que procuran eliminar las desventajas de las personas con discapacidad.

- Arquitectura. Todos los órganos del poder del Estado e instituciones públicas y privadas quedan obligados a adecuar sus estructuras arquitectónicas, de tal manera que las personas con discapacidad puedan tener fácil acceso y desplazamiento en condiciones de seguridad y autonomía.

- Años. La jubilación para trabajadores con discapacidad que tengan igual o menor al 45% de grado de discapacidad, será a partir de los 45 años

Antecendentes

- El Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad fue creado mediante Ley 3925 de 21 de agosto del año 2008 a favor de las personas con discapacidad.

- Dicho fondo fue financiado con un aporte anual de Bs. 40 millones (provenientes del Tesoro General de la Nación.

- Pero los líderes de las personas con discapacidad dicen que ese dinero no se ha visto materializado en un bono, que es lo que están demandando desde hace cinco años.

- Los niveles de discapacidad se clasifican en: leve, cuando el 30% del cuerpo está afectado; moderada, cuando esta cifra sube hasta el 50% y la persona tiene cierta independencia; grave, a partir del 51% de un daño en el cuerpo o en el cerebro y muy grave cuando la afectación supera el 65%. En este caso la persona es dependiente

El Deber