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La Paz, 23 Ago (Erbol).- El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, acusó este martes a algunos dirigentes indígenas de traficar madera y tierra, por lo que a su criterio, la movilización en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), sólo es un pretexto para proteger el interés de los sindicados y no así por preservar la región, que rechaza la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
“El ejercicio de este derecho propietario indígena se ha distorsionado por parte de algunos dirigentes, algunas personas que han desarrollado una serie de vínculos y nexos ilegales en torno al tráfico de tierras”, aseveró Romero en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz.
Mostró documentos “clasificados” sobre denuncias de tráfico de tierras tituladas por el Gobierno, de parte de indígenas a personas particulares, nacionales y extranjeras desde 2010, de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a los que se sigue un proceso judicial.
Puso como ejemplo la denuncia por tráfico de tierras contra los representantes de la Central Organizativa de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), que fue dirigida al presidente Evo Morales por los mismos afiliados a esa organización.
Además hizo mención a cuatro casos de conciliaciones “extraproceso de saneamiento”; dos de ellos entre la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) y el COPNAG, donde éstos últimos entregaron una determinada superficie de tierra que no cumplía ninguna función económica ni social, a favor de los primeros. En ambos se renunció a interponer acciones legales ante la Justicia Agraria, dijo Romero.
En relación al aprovechamiento de madera, indicó que en el pueblo Guarayo del departamento de Santa Cruz es donde más se depredó este recurso natural, ya que con un reporte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) en esa región se extrajo 1.2 millones metros cúbicos de madera que generó un ingreso de $us2.12 millones. Mientras se decomisó 500 camiones de madera que sacaban de forma ilegal de territorio guarayo y sin licencia de aprovechamiento forestal.
Manifestó que con la marcha por el TIPNIS se busca encubrir a dirigentes indígenas que se involucraron en estos hechos, quienes antes habrían pedido el control de la ABT, pero fue negado.
“No se lo ha canalizado el control de ABT, por estas irregularidades. Cómo vamos a entregar el control de la ABT a gente que está comprometida en fraudes y delitos (…) han utilizado la organización indígena, distorsionando la lucha de sus pueblos aprovechándose de sus territorios, para traficar con madera, traficar recursos naturales y traficar con tierras”, aseveró.
TIPNIS
Además Romero dijo que en el TIPNIS, tres empresa madereras aprovechan esos recursos naturales dentro del pueblo Chiman para su comercialización, bajo contratos privados de compra y venta de producto forestal, entre dirigentes de la subcentral Isiboro Sécure con la empresa maderera Suri.
Dijo que se corroboró, mediante fotografías, que la empresa Suri trasladó a indígenas hacia Trinidad del departamento del Beni, para la marcha en defensa del Isiboro Sécure.
POSTURA INDÍGENA
Sobre estas denuncias, el secretario de Autonomías del Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), José Isategua, señaló que las acusaciones del ministro Carlos Romero sólo busca confrontarlos.
“En ningún momento hemos traficado madera. Sólo tenemos manejos forestales que la ABT conoce (…) el ministro (Carlos Romero) sólo está empeorando la situación”, lamentó en contacto telefónico con la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Sin embargo, responsabilizó por el tráfico de tierras a los colonizadores. “Ellos son los que venden nuestras tierras. Cuántas veces hemos sido avasallados y nadie dice, ni hace nada”, reclamó.
Añadió que pese a este hecho la marcha en defensa del TIPNIS continuará.
“El ejercicio de este derecho propietario indígena se ha distorsionado por parte de algunos dirigentes, algunas personas que han desarrollado una serie de vínculos y nexos ilegales en torno al tráfico de tierras”, aseveró Romero en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz.
Mostró documentos “clasificados” sobre denuncias de tráfico de tierras tituladas por el Gobierno, de parte de indígenas a personas particulares, nacionales y extranjeras desde 2010, de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a los que se sigue un proceso judicial.
Puso como ejemplo la denuncia por tráfico de tierras contra los representantes de la Central Organizativa de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), que fue dirigida al presidente Evo Morales por los mismos afiliados a esa organización.
Además hizo mención a cuatro casos de conciliaciones “extraproceso de saneamiento”; dos de ellos entre la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) y el COPNAG, donde éstos últimos entregaron una determinada superficie de tierra que no cumplía ninguna función económica ni social, a favor de los primeros. En ambos se renunció a interponer acciones legales ante la Justicia Agraria, dijo Romero.
En relación al aprovechamiento de madera, indicó que en el pueblo Guarayo del departamento de Santa Cruz es donde más se depredó este recurso natural, ya que con un reporte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) en esa región se extrajo 1.2 millones metros cúbicos de madera que generó un ingreso de $us2.12 millones. Mientras se decomisó 500 camiones de madera que sacaban de forma ilegal de territorio guarayo y sin licencia de aprovechamiento forestal.
Manifestó que con la marcha por el TIPNIS se busca encubrir a dirigentes indígenas que se involucraron en estos hechos, quienes antes habrían pedido el control de la ABT, pero fue negado.
“No se lo ha canalizado el control de ABT, por estas irregularidades. Cómo vamos a entregar el control de la ABT a gente que está comprometida en fraudes y delitos (…) han utilizado la organización indígena, distorsionando la lucha de sus pueblos aprovechándose de sus territorios, para traficar con madera, traficar recursos naturales y traficar con tierras”, aseveró.
TIPNIS
Además Romero dijo que en el TIPNIS, tres empresa madereras aprovechan esos recursos naturales dentro del pueblo Chiman para su comercialización, bajo contratos privados de compra y venta de producto forestal, entre dirigentes de la subcentral Isiboro Sécure con la empresa maderera Suri.
Dijo que se corroboró, mediante fotografías, que la empresa Suri trasladó a indígenas hacia Trinidad del departamento del Beni, para la marcha en defensa del Isiboro Sécure.
POSTURA INDÍGENA
Sobre estas denuncias, el secretario de Autonomías del Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), José Isategua, señaló que las acusaciones del ministro Carlos Romero sólo busca confrontarlos.
“En ningún momento hemos traficado madera. Sólo tenemos manejos forestales que la ABT conoce (…) el ministro (Carlos Romero) sólo está empeorando la situación”, lamentó en contacto telefónico con la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Sin embargo, responsabilizó por el tráfico de tierras a los colonizadores. “Ellos son los que venden nuestras tierras. Cuántas veces hemos sido avasallados y nadie dice, ni hace nada”, reclamó.
Añadió que pese a este hecho la marcha en defensa del TIPNIS continuará.
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